Condenan a hermano de Pedro Sánchez por prevaricación administrativa en España

La Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación especial para ocupar empleo o cargo público, así como para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, tras considerarlo responsable, por cooperación necesaria, de un delito de prevaricación administrativa.

De acuerdo con la sentencia, difundida por Europa Press, el tribunal determinó que existen múltiples indicios.

Acreditados mediante prueba directa, que permiten concluir que los acusados participaron.

En un plan para crear una plaza pública con el propósito de beneficiar a David Sánchez.

El fallo judicial señala que los 11 acusados actuaron de manera coordinada y bajo un plan previamente establecido.

Para llevar a cabo actos considerados arbitrarios, con el objetivo de favorecer al hermano del mandatario español.

Según la resolución, la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios fue creada de forma urgente.

Pese a ser considerada por el juez como innecesaria y carente de contenido, priorizando un interés particular sobre el interés general.

En el mismo proceso, el exsecretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Extremadura.

Y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, fue condenado como autor de dos delitos de prevaricación administrativa.

La sentencia le impone dos penas de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

Tras conocerse el fallo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente.

Cuestionó la resolución judicial y afirmó, mediante un mensaje publicado en la red social X.

Que este periodo será recordado como una etapa en la que «se tensaron las costuras de las instituciones» con el objetivo de «derribar a un Gobierno».

Asimismo, sostuvo que estas acciones responden a la imposibilidad de lograr un cambio de gobierno mediante las urnas.

La resolución judicial puede ser objeto de los recursos previstos por la legislación española.

Fuente: Europa Press