Nueva York y otros 21 estados demandan a Trump por norma migratoria de “carga pública”

Nueva York y otros 21 estados de Estados Unidos, además del Distrito de Columbia, presentaron una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para bloquear una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que ampliaría las facultades de los funcionarios migratorios para determinar si una persona podría convertirse en una “carga pública”.

La disposición, cuya entrada en vigor está prevista para esta semana, permitiría considerar el uso o la posible necesidad.

De determinados beneficios gubernamentales al evaluar solicitudes de visas, tarjetas de residencia permanente (green cards) o el ingreso a Estados Unidos.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani.

Anunciaron la acción legal durante una conferencia de prensa en Manhattan.

Los demandantes sostienen que la medida podría generar temor entre las familias inmigrantes.

Y provocar que personas que tienen derecho legal a determinados programas de asistencia dejen de utilizarlos.

Entre los beneficios que podrían ser considerados se encuentran Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Vales de vivienda y programas de alimentación escolar, de acuerdo con la interpretación de la nueva disposición.

La demanda argumenta que los estados podrían enfrentar importantes pérdidas de recursos federales si los inmigrantes.

Particularmente las familias con estatus migratorio mixto, abandonan programas públicos por temor a que su utilización afecte sus procesos migratorios.

Una disposición con antecedentes históricos

La denominada norma de “carga pública” (public charge) tiene sus antecedentes en la Ley de Inmigración de 1882.

Y permite al gobierno estadounidense negar una visa o tarjeta de residencia cuando determina que una persona probablemente dependerá de la asistencia pública.

Durante años, las autoridades migratorias consideraron principalmente determinados beneficios en efectivo dentro de estas evaluaciones.

En 2020, durante la primera administración de Trump, se amplió el número de programas que podían ser tomados en cuenta.

Incluidos Medicaid, cupones de alimentos y vales de vivienda. Posteriormente, en 2022, la administración de Joe Biden.

Estableció una regulación que excluyó nuevamente los beneficios no monetarios de este tipo de evaluación.

La nueva norma impulsada por la administración Trump busca revertir esa disposición y establece que el DHS.

Podrá considerar la recepción de cualquier beneficio público sujeto a comprobación de recursos económicos.

Sin especificar de manera exhaustiva qué programas deberán ser incluidos.

De acuerdo con la información presentada en la demanda, los agentes migratorios también podrían tomar.

En consideración beneficios solicitados en nombre de familiares, incluidos hijos que sean ciudadanos estadounidenses.

Estados advierten posibles repercusiones

Los estados demandantes argumentan que la nueva política podría tener efectos económicos y sociales importantes.

Debido a que una disminución en el uso de programas públicos podría traducirse en una reducción de los fondos federales destinados a los estados y en mayores costos administrativos.

Los documentos judiciales estiman que, a nivel nacional, los estados podrían perder aproximadamente 4 mil 50 millones de dólares.

En transferencias federales anuales destinadas a Medicaid y CHIP. De esta cantidad, los estados.

Que participan en la demanda calculan que podrían dejar de recibir cerca de 2 mil 200 millones de dólares.

Las autoridades también advierten que el posible abandono de programas de atención médica, asistencia alimentaria.

Y alimentación escolar podría tener repercusiones en la salud pública, las economías locales, las escuelas y la seguridad pública.

Los demandantes sostienen además que la medida podría afectar de manera particular a las ciudades.

Con grandes poblaciones inmigrantes y a las familias de estatus migratorio mixto, en las que algunos integrantes.

Son ciudadanos estadounidenses y otros cuentan con diferentes condiciones migratorias.

La demanda fue presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y solicita que la nueva norma sea declarada ilegal y que se impida al Departamento de Seguridad Nacional aplicarla.

Además de Nueva York y el Distrito de Columbia, participan como demandantes California, Illinois, Colorado, Connecticut.

Además de Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nevada.

Asi como Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin.

La controversia judicial se suma a las recientes medidas de la administración Trump dirigidas a modificar las condiciones de acceso de determinados inmigrantes legales a programas de asistencia social y podría tener consecuencias para cientos de miles de familias que dependen de estos servicios o se encuentran en procesos migratorios.