América Latina enfrenta desafíos clave en la regulación del consumo de alcohol, entre ellos marcos normativos insuficientes, publicidad intensiva y la constante injerencia de la industria en las políticas de salud pública, advirtieron organizaciones de la sociedad civil.
En el marco de la octava Conferencia Global sobre Políticas de Alcohol, realizada en Río de Janeiro.
La organización Salud Justa Mx destacó la necesidad de incorporar una perspectiva de género en las políticas públicas.
Al señalar que su ausencia incrementa los riesgos asociados al consumo de alcohol en mujeres.
De acuerdo con la organización, la industria alcoholera ha desarrollado estrategias de marketing dirigidas específicamente a este sector.
Vinculando el consumo con conceptos como el empoderamiento y la socialización.
Lo que puede influir en patrones de consumo y aumentar la exposición a riesgos.
Al respecto, Yahaira Ochoa subrayó que no es posible hablar de políticas efectivas sin considerar.
El impacto diferenciado del consumo de alcohol en mujeres y niñas, por lo que enfatizó la necesidad.
De regular tanto la publicidad como la disponibilidad de estas bebidas con un enfoque de género.
En conjunto con la Coalición Latinoamericana Saludable y la Alianza Latinoamericana Saludable.
Las organizaciones alertaron que el consumo de alcohol está estrechamente relacionado con problemáticas.
Como la violencia de género, los accidentes de tránsito y el incremento de enfermedades no transmisibles en la región.
Ante este panorama, hicieron un llamado a los gobiernos de América Latina para fortalecer sus políticas públicas mediante acciones como blindar la toma de decisiones frente al cabildeo de la industria alcoholera, robustecer los marcos fiscales para reducir la asequibilidad de estas bebidas, e implementar restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio, incorporando un enfoque interseccional y de género.
Finalmente, destacaron que los impuestos especiales al alcohol representan una de las medidas más eficaces para disminuir su consumo, incrementar la recaudación fiscal y fortalecer los sistemas de salud, particularmente ante la creciente carga de enfermedades asociadas al consumo nocivo de estas sustancias.