Inteligencia española no encuentra pruebas de que Rabat coordinara la entrada masiva de migrantes en julio, mientras un informe policial apunta a una estructura de coordinación y la Guardia Civil denuncia falta de información previa.
La crisis migratoria registrada en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio de 2026 vuelve a generar controversia entre los organismos de seguridad españoles. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sostiene que no existen pruebas que permitan atribuir al Gobierno de Marruecos la organización o coordinación de la entrada masiva de migrantes, una conclusión que contrasta con los elementos recogidos en otro informe de la Policía Nacional.
En un documento de nueve páginas enviado a la Audiencia Nacional, el servicio de inteligencia español señala que sus investigaciones no han permitido demostrar que las autoridades marroquíes planearan, impulsaran o dirigieran los acontecimientos que provocaron la llegada de miles de personas a la ciudad autónoma.
El informe responde a las preguntas de la magistrada María Tardón, encargada de investigar los hechos. Según el CNI, la movilización estuvo relacionada principalmente con convocatorias difundidas a través de redes sociales, cuya viralidad alcanzó dimensiones extraordinarias.
Los investigadores identificaron a varias personas que participaron en la difusión de los llamamientos, pero no encontraron pruebas de que actuaran bajo las órdenes de organismos estatales marroquíes ni de que existiera una estructura centralizada que dirigiera sus actividades.
El CNI reconoce que Marruecos conocía las convocatorias
Aunque descarta evidencias de una operación organizada desde las instituciones marroquíes, el CNI reconoce que las autoridades del país vecino conocían la existencia de mensajes que animaban a entrar en Ceuta.
El organismo también señala que las decisiones adoptadas por Marruecos antes y durante la crisis tuvieron consecuencias directas en el desarrollo de los acontecimientos.
De acuerdo con el documento, las autoridades marroquíes priorizaron la seguridad de la Fiesta del Trono, celebración a la que asistió el rey Mohamed VI en el Palacio Real de Rincón. Esta situación habría coincidido con una reducción de la capacidad de contención en la frontera, lo que permitió la entrada de personas sin una oposición eficaz de las fuerzas de seguridad.
El servicio de inteligencia establece una diferencia entre conocer anticipadamente una convocatoria migratoria y participar directamente en su organización. Hasta el momento, afirma, no ha encontrado elementos que permitan demostrar lo segundo.
La Policía Nacional presenta otra interpretación
Las conclusiones del CNI contrastan con un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), dependiente de la Policía Nacional, que recoge información sobre la presencia y las actuaciones de mandos marroquíes durante la entrada masiva.
El documento policial identifica a responsables uniformados y de paisano que habrían intervenido en distintos puntos de la frontera. También recoge indicios de una coordinación superior entre las estructuras de seguridad marroquíes, a partir de los despliegues observados y de las instrucciones comunes que, según los investigadores, recibieron distintos efectivos.
El informe incluye referencias a responsables identificados durante los acontecimientos y describe posibles deficiencias en las actuaciones de vigilancia, detección y control fronterizo.
Sin embargo, la existencia de mandos y movimientos coordinados sobre el terreno no demuestra por sí misma que el Gobierno marroquí hubiera diseñado o dirigido una operación para provocar la entrada de migrantes. Esa es precisamente una de las cuestiones que deberá valorar la investigación judicial.
La Guardia Civil cuestiona la información del CNI
A la controversia entre los informes de Inteligencia y la Policía Nacional se suma un documento de la Guardia Civil remitido también a la Audiencia Nacional.
El instituto armado considera que la información que recibió del CNI antes de la crisis fue parcial e insuficiente para anticipar la magnitud de los acontecimientos.
La Guardia Civil señala que las comunicaciones intercambiadas el 29 de julio, un día antes de que comenzara la entrada masiva, no pueden considerarse una alerta temprana sobre una emergencia fronteriza de esas dimensiones.
El documento también cuestiona que las advertencias se mantuvieran en un nivel de interlocución táctico. A juicio de la Guardia Civil, si se hubiera previsto una amenaza de semejante alcance, la comunicación tendría que haberse elevado a instancias superiores, incluso al máximo nivel político, para facilitar la adopción de medidas diplomáticas y de seguridad.
El cuerpo reconoce que existieron contactos entre agentes de ambos organismos, pero sostiene que esos intercambios no contenían información suficiente para dimensionar el riesgo real.
Una investigación que mantiene abiertas las incógnitas
Los distintos documentos muestran que todavía existen discrepancias sobre cómo se produjo la crisis de Ceuta, qué información tenían las autoridades españolas antes de los acontecimientos y cuál fue el papel de los responsables marroquíes.
Mientras el CNI descarta pruebas de una operación dirigida desde el Estado marroquí, el informe policial aporta elementos sobre la actuación coordinada de responsables de seguridad en la frontera. Por su parte, la Guardia Civil cuestiona que los avisos previos permitieran anticipar la dimensión de la emergencia.
La magistrada María Tardón deberá analizar estos documentos y las demás diligencias incorporadas a la causa para determinar qué responsabilidades pueden acreditarse.
Por ahora, no existe una conclusión judicial definitiva sobre la posible implicación de Marruecos ni sobre las responsabilidades derivadas de la gestión de la crisis migratoria de julio de 2026.
