El hermano del presidente del Gobierno evita la cárcel y es absuelto de tráfico de influencias. El expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, recibe una pena de 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación.
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación para empleo de cargo público por un delito de prevaricación administrativa.
La sentencia, de 377 páginas y firmada por el presidente de la Audiencia, Emilio García Cancho, absuelve a David Sánchez del delito de tráfico de influencias y descarta cualquier pena de cárcel, muy lejos de los seis años de prisión que pedían las acusaciones populares. El fallo pone fin, salvo recurso, a un proceso judicial que arrancó en 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias.
El tribunal considera probado que la Diputación de Badajoz creó en 2017 una plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios de música pensada específicamente para David Sánchez, que en ese momento carecía de trabajo estable, y que posteriormente fue modificada para adaptarla a sus intereses personales en el ámbito operístico, dotándola de partidas presupuestarias propias del personal de alta dirección.
Los magistrados concluyen que se vulneraron los principios de mérito y capacidad y hablan de un plan ejecutado «de consuno» por los distintos acusados para favorecer al hermano del entonces secretario general del PSOE.
Gallardo, condenado a 18 años por dos delitos
El expresidente socialista de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, recibe una condena mayor: 18 años de inhabilitación, al ser declarado culpable de dos delitos de prevaricación administrativa, nueve años por cada uno, frente al único delito atribuido a David Sánchez.
Según el tribunal, fue Gallardo quien impulsó desde la presidencia de la institución provincial la creación de la plaza, así como la de otro puesto de alta dirección destinado a Luis María Carrero, amigo y colaborador de Sánchez, para que este pudiera seguir asistiéndole en sus actividades operísticas. La sentencia también impone penas de inhabilitación al resto de los 11 procesados, entre ellos varios excargos y funcionarios de la Diputación.
Las acusaciones populares (Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum) habían pedido hasta seis años de prisión y 28 de inhabilitación para David Sánchez, mientras que la Fiscalía solicitó la absolución de todos los procesados al no apreciar delito. El tribunal ha optado por un término intermedio: descarta la cárcel pero sí aprecia prevaricación, al considerar que hubo un uso arbitrario del poder aunque sin acreditar el intercambio de favores que exige el tráfico de influencias.
Los testimonios que inclinaron la balanza
El juicio, celebrado entre el 28 de mayo y el 9 de junio, dio un giro con las declaraciones del teniente coronel de la UCO Antonio Balas, quien sostuvo que la creación de la plaza no partió del área de Cultura sino que fue impuesta «desde las altas instancias de la Diputación», y de Cristina de Frutos, una de las aspirantes al puesto, que relató que antes de la entrevista le advirtieron de que la plaza «era para el hermano de Pedro Sánchez».
David Sánchez renunció a su derecho a la última palabra en la sesión final, mientras que Gallardo denunció un «juicio mediático paralelo» y aseguró que él y el resto de acusados ya habían sido «condenados socialmente».
La sentencia llega apenas unas semanas después de que el Tribunal Supremo condenara al exministro José Luis Ábalos y coincide con otro procedimiento judicial que afecta a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, pendiente de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos contra la apertura de juicio oral por cuatro presuntos delitos de corrupción. El fallo puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por lo que el caso aún no es firme.
«Respetamos, pero discrepamos»
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha reaccionado con brevedad a la sentencia, aunque ha reconocido que la había conocido apenas unos minutos antes de comparecer ante los medios. Pese al fallo, ha asegurado que el Ejecutivo mantiene su «confianza en la Justicia» y en que «las instancias superiores constaten la inocencia de David Sánchez». «Es en lo que creemos», ha afirmado.
«Respetamos la sentencia, pero no la compartimos», ha subrayado con rotundidad. Saiz también ha recordado que en esta causa «nunca se personó ningún perjudicado» y que la Fiscalía solicitó la absolución tanto de David Sánchez como del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, también ha mostrado su rechazo al fallo a través de una publicación en redes sociales. En su mensaje, ha advertido de que la resolución judicial «tensa la costura de nuestras instituciones» y ha sostenido que el procedimiento contra el hermano del presidente del Gobierno tiene como «única finalidad derribar a un Gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas».
Desde el PSOE también han expresado su discrepancia con la sentencia conocida este martes. «David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y los técnicos son inocentes y cuentan con todo el apoyo del Partido Socialista. Respetamos la sentencia, pero discrepamos de ella», ha señalado la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró, en un vídeo remitido a los medios.
«Cuando se persigue a personas inocentes por ser familiares del presidente del Gobierno y el ruido se impone a los hechos, pierde la democracia. Perdemos todos», ha lamentado Torró.
El PP exige la dimisión de Sánchez
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, aseguró este martes que la condena a nueve años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, supone «otro día histórico de la democracia española» y consideró que Pedro Sánchez debería regresar de Francia, dimitir, disolver las Cortes y convocar elecciones generales de forma inmediata.
Muñoz realizó estas declaraciones en los pasillos del Congreso pocos minutos después de conocerse la sentencia. A su juicio, el jefe del Ejecutivo se convierte en «el primer presidente del Gobierno español que tiene a su hermano condenado por un delito de prevaricación», una situación que, afirmó, «en cualquier país haría caer a cualquier» Gobierno.
La dirigente popular enmarcó el fallo de la Audiencia Provincial de Badajoz dentro de una sucesión de casos de presunta corrupción que, según señaló, «de momento» ya han derivado en la inhabilitación del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y en la condena del exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión.
Además, sostuvo que estas causas judiciales avanzan al mismo tiempo que, según dijo, «la UCO acredita que el Partido Socialista pagaba» a Leire Díez, a quien definió como la fontanera del partido y dirigente de unas presuntas «cloacas» dirigidas desde Ferraz.
Fuente:es.euronews.com