Denuncian despojos inmobiliarios en municipios de Hidalgo

Bandas e individuos han aprovechado los vacíos legales que existen en Hidalgo para desarrollar una poderosa industria del despojo inmobiliario que incluye terrenos, parcelas y viviendas que les ha generado millones de pesos al operar algunos de éstos por décadas de manera impune.

Organizaciones como Antorcha Campesina, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), pero también individuos solitarios y algunos hasta con sus familias, se han dedicado a invadir bienes inmuebles cuyos casos son llevados muy pocas veces a los tribunales toda vez que el delito de despojo de bienes procede hasta que se acredite la propiedad del bien reclamado con una escritura o una sentencia judicial.

Todo esto ha dado por resultado la pérdida del único patrimonio para ya cientos de familias que han sido víctimas de un sistema que no puede defenderlos en unos casos y en otros, con la justicia del lado de las bandas que han desarrollado todo un sistema legaloide a través de abogados y bufetes jurídicos que se han prestado a quitarles sus propiedades.

Pachuca

En la colonia Cubitos, vecinos señalaron que en la calle José María Morelos y Churubusco se han quejado de que desde hace años, una mujer de nombre María Guadalupe Carrasco se ha apropiado de áreas verdes de manera impune.

Primero, la mujer adquirió legalmente un pequeño predio de escasos 55 metros cuadrados que están contiguos a un parque, sin embargo, con el paso de los años, comenzó a apropiarse ilegalmente de metros adicionales hasta que le alcanzó para construir varios departamentos que renta a jóvenes estudiantes y personas solteras.

El área verde fue donada en la década de los 70 por dos jóvenes mujeres a los vecinos, sin embargo, la misma la Junta General de Asistencia del DIF fue la primera que reclamó también el predio que se destinaría exclusivamente para “la gente pobre”.

Con el paso de los años, María Guadalupe Carrasco se ha ido apropiando cada vez de más terreno ante el consentimiento de las autoridades siendo denunciada por primera vez en el año de 1994. La mujer se dice protegida de funcionarios de los Gobiernos Municipal y Estatal y estar bien “parada” por lo dice, nunca le harán nada.

Al indagar en el área jurídica de la Presidencia Municipal de Pachuca, María Guadalupe Carrasco tiene denuncias por invasión de predios en las colonias 20 de Noviembre, Santa Julia, Piracantos y Parque de Poblamiento, donde ha utilizado el mismo modus operandi para quedarse con predios donde no aparecen los dueños lo mismo que de áreas verdes.

Fraccionamiento San Cristobal – La Providencia

En el año 2014 Ivonne Sánchez y su familia tuvieron que dejar su casa ubicada en la Privada de los Álamos en el Fraccionamiento San Cristobal – La Providencia misma que obtuvieron por medio del Infonavit luego de que una enfermedad que sufrìa la obligó a buscar un tratamiento lejos de este lugar.

Por aquel tiempo, su entonces pareja cayó en moratoria por falta de trabajo y dejó de pagar algunas mensualidades siendo su caso tomado por el Bufete Jurídico Gabbsa, uno de los 160 contratados por el Gobierno de Enrique Peña Nieto y que han sido demandados por el Gobierno Federal por abuso, quien les dijo que su casa, por su deuda “ya la habían perdido” y que no era suya.

No intentaron regresar a su hogar que no permaneció mucho tiempo deshabitado ya que el despacho jurídico ni tomó posesión de la casa ni la vendió, sino que una vecina, quien incluso le hablaba a Ivonne, al verla abandonada decidió meterse y luego rentarla como si fuera suya.

Fraccionamiento Santa Matilde

El Fraccionamiento Santa Matilde es uno de los que registran el mayor número de invasiones de todo el estado luego de que las casas son abandonadas por problemas de inundaciones e inseguridad, sin embargo, el problema de las invasiones se da hasta con familias que ya se encuentran instaladas.

Mayra Rosado López, refiere que en el año 2021, dejaba su casa sola la mayor parte del día cuando salía a ganarse la vida para mantener a su familia, lo que fue aprovechado por sus vecinos de la casa contigua, quienes no eran los dueños, sino que llegaron un buen día al presuntamente rentarla.

Narra que de repente, sus recibos de luz llegaron muy elevados y el agua comenzaba a faltar solamente en su casa. Por casualidad, durante una fiesta, uno de sus amigos, eléctrico de profesión, luego de ver que la luz se iba constantemente, le ayudó a revisar su instalación.

La sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que los vecinos estaban colgados de su luz y su red de agua. “Yo no sé cómo le hicieron, pero estaban usando todos mis servicios a los que se conectaron cuando no estaba”, indicó la mujer.

Ya no demandó, pues pensó que con desconectarlos era suficiente, sin embargo, el resto de familias, al ver las constantes invasiones, propusieron en una junta de vecinos que los mismos residentes deberían tomar control de estas casas abandonadas ante lo que ella se opuso tajantemente por el problema legal en que se meterían.

Fraccionamiento Don Pablo

Este Fraccionamiento perteneciente al municipio de Epazoyucan comienza a registrar un problema grave de invasiones de parte de una banda que se ha apoderado de por lo menos una veintena de viviendas.

Los invasores aprovecharon la ausencia de los dueños o el abandono para meterse y luego rentarlas como si fueran suyas.

Por cada casa, los sujetos identificados como “Los Güeros”, cobran entre mil 500 y 3 mil pesos, situación que conocen los vecinos que llegaron primero y que saben que esta banda actúa impunemente gracias a la inacción de las autoridades.

Altiplano

Desde la década de los 80 del siglo pasado, un sujeto de nombre Lázaro Francisco Cruz Escobedo comenzó su carrera delictiva en el municipio de Zempoala desde las propias oficinas gubernamentales donde se desempeñó como encargado de la Oficina Predial. Ahí conoció qué terrenos estaban al corriente, cuáles no lo hacían y qué otros estaban abandonados o intestados.

A partir de ahí descubrió una mina de oro que jamás dejaría al intentar apoderarse de cuanto predio pudo iniciando procesos legales y contratando abogados corruptos que lo siguieron en toda su carrera de despojo al intentar quedarse parcelas, casas y predios en las 32 comunidades del municipio.

A lo largo de màs de 40 años, apoyándose en la corrupción de las administraciones priístas, este sujeto logró amasar una gran fortuna al dejar sin su patrimonio a decenas de familias que no podían pagar largos juicios donde enfrentaban a ambiciosos abogados que sin escrúpulos los echaban de sus propiedades.

En la última década, Cruz Escobedo se hizo de los servicios de Alfredo Olguín Hernández, un ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quien sirvió en ese poder entre los años 2001 al 2004 y por el cual fue pensionado por el ex gobernador Miguel Osorio Chong. Olguìn Hernàndez fue fundador del Colegio Foro Hidalguense de Abogados A.C., desde donde se comprometió a luchar por la justicia y la verdad sin embargo, no tuvo problema en servirle a la banda comandada por Lázaro Francisco Cruz Escobedo, para quitarle sus propiedades a gente pobre.

Hace apenas unas semanas murió Lázaro Francisco Cruz, quien en los últimos años incorporó a sus hermanos Fidencio y Agustín Cruz Escobedo lo mismo que a su esposa María Luisa González, a este redituable negocio ilegal que le dejó millones de pesos imposibles de obtener a través de su negocio de venta de comida que siempre utilizó como fachada.