El desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años con discapacidad que habitó durante más de siete décadas una vivienda en el distrito de Retiro, Madrid, generó movilizaciones sociales en distintas ciudades de España, en medio del debate sobre la situación habitacional que enfrenta el país.
Abascal fue desalojada el pasado 23 de septiembre por orden judicial, después de que una empresa inmobiliaria adquiriera el edificio donde residía y se incrementara el costo del alquiler, una cantidad que, de acuerdo con colectivos que acompañaron el caso, no podía cubrir con su pensión.
Tras el desalojo, durante tres días se realizaron concentraciones en la Puerta del Sol y en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, en Madrid. Los colectivos convocantes estimaron una asistencia de aproximadamente 300 mil personas, aunque dicha cifra corresponde a sus propios cálculos.
Las movilizaciones también se extendieron a Barcelona y Oviedo, donde organizaciones sociales expresaron su rechazo a los desalojos y reclamaron medidas para garantizar el acceso a una vivienda digna.
Entre las consignas expresadas durante las protestas se incluyeron llamados a la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como concentraciones simbólicas frente a un ático relacionado con su entorno. En ese punto, manifestantes reclamaron de manera irónica que el inmueble fuera destinado a Maricarmen.
El desalojo se llevó a cabo pese a la resistencia de grupos vecinales y a una propuesta de alquiler respaldada por un donante anónimo, presentada por el Sindicato de Inquilinas como una alternativa para evitar que la mujer quedara sin vivienda.
El caso ha colocado nuevamente en el debate público español las condiciones de acceso y permanencia en la vivienda, particularmente para personas mayores y con ingresos limitados, así como las medidas disponibles para evitar situaciones de vulnerabilidad habitacional.