EE.UU. deporta sin pruebas a más de 230 presos a El Salvador y Venezuela dice que luchará por ellos

Venezuela dice que no descansará hasta rescatar a los migrantes «secuestrados» en El Salvador. Los presos han sido trasladados a una prisión de máxima seguridad de El Salvador, sin pruebas que demuestren su culpabilidad.

El Ejecutivo de Venezuela ha pedido a sus ciudadanos no viajar a Estados Unidos al no ser «un país seguro» mientras que Washington no tiene dudas que los venezolanos enviados a El Salvador son miembros del Tren de Aragua, una organización terrorista venezolana que tenía como base la cárcel de Tocorón y cuyo líder era Héctor ‘Niño’ Guerrero.​

«La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del Gobierno de los Estados Unidos, que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana, en un acto que evoca los episodios más oscuros de la historia de la Humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazi«, señala el documento del Gobierno venezolano.

Y continúa: «La Ley del Enemigo Extranjero de 1798, en la que se basa esta orden presidencial, es una ley anacrónica que no solo violenta leyes fundamentales y vigentes de los Estados Unidos de América, sino que vulnera el ordenamiento jurídico internacional en materia de Derechos Humanos«.

No vamos a descansar hasta que los regresemos, no vamos a descansar hasta que rescatemos a los secuestrados en El Salvador”, aseguró en una conferencia de prensa el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez.

Más de 200 presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua han sido deportados

EE.UU. ha deportado sin pruebas a más de 230 presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua hasta El Salvador, tras ignorar el bloqueo judicial a la ley bajo la que el Ejecutivo se ampara. Estos ciudadanos venezolanos han sido trasladados a una prisión de máxima seguridad con capacidad para 40.000 reclusos, según confirmó el presidente salvadoreño Nayib Bukele ayer, domingo 16 de marzo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, utilizó el viernes la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar rápidamente a supuestos miembros de esta organización criminal. Esta ley, que solo se ha utilizado tres veces en la historia estadounidense, fue paralizada por el juez federal James E. Boasberg minutos antes de la deportación masiva.

El juez argumenta que la centenaria legislación hace referencia a actos hostiles perpetrados por otro país que sean «equivalentes a una guerra», algo lógico si se tiene en cuenta el contexto histórico de finales del siglo XVIII en Estados Unidos, cuando se redactó esta ley. El magistrado anuló cinco deportaciones iniciales en un primer fallo, para a continuaciónextender el primer veto a cualquier futura deportación similar.

Las expulsiones de supuestos los miembros del Tren de Aragua podrían haber ocurrido entre ambos dictámenes. Pero el juez es claro en la segunda parte de su fallo: «Si hay algún avión en vuelo con detenidos a bordo, debe dar media vuelta hacia Estados Unidos y cumplir inmediatamente con esta orden», reza el texto recogido por ‘Politico’. Trump, por lo tanto, habría ignorado esta segunda orden judicial.

«Estos son los monstruos que el corrupto Joe Biden y los demócratas de izquierda radical enviaron a nuestro país. ¡Cómo se atreven!», publicó el presidente este domingo en un mensaje en Truth Social, en referencia a los inmigrantes expulsados.

Las reacciones de Bukele y de las ONG humanitarias

Bukele anunció mediante la red social X que 238 presuntos miembros de la banda venezolana habían llegado a su país y fueron transferidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel con capacidad para 40.000 reclusos, donde permanecerán por un período de un año que podría renovarse.

Las cárceles de El Salvador, construidas y amparadas por Bukele, han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos por las nulas condiciones humanitarias y judiciales de sus presos, sin acceso a abogados. Los deportados, según la ONG venezolana Provea, no cuentan con garantías penales: «Serán sometidos a un sistema carcelario señalado de abusos por la CIDH (Comisión Interamericana de DD.HH.), alejados de sus familias y sin garantías para su defensa».

En ese sentido, la ONG ha expresado que sufrirán un destino jurídico incierto: «Sus derechos no están protegidos, quedan aislados de sus familiares y estos dependen de lo que el Estado salvadoreño decida informar, si es que lo hace».

Fuente:es.euronews.com