El Congreso de los Diputados se prepara para una votación clave sobre el paquete de medidas impulsado por el Gobierno para hacer frente a la crisis de vivienda en España. La iniciativa, conocida como “decreto Maricarmen”, busca ampliar la protección de los inquilinos y prolongar determinadas condiciones de los contratos de alquiler, pero su aprobación depende de un ajustado equilibrio parlamentario.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez no dispone de mayoría absoluta, por lo que necesita reunir apoyos de distintos grupos para sacar adelante el texto. La posición adoptada por el PNV y la decisión que finalmente tome Junts resultan especialmente relevantes para determinar el resultado del pleno.
El PNV divide su posición ante los dos decretos
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha confirmado que respaldará el principal decreto de vivienda, aunque lo hará con lo que su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, calificó como un “apoyo crítico”.
La formación vasca cuestiona algunas de las medidas incluidas en la norma y sostiene que el problema de la vivienda requiere actuaciones de mayor alcance. Al mismo tiempo, ha anunciado que votará en contra del segundo decreto, que contempla la renovación automática de determinados contratos de alquiler.
El PNV considera que esta última medida puede perjudicar a los pequeños propietarios. Según la formación, estos representan una parte mayoritaria de la oferta de vivienda en alquiler en Euskadi.
Podemos confirma su apoyo
Podemos ha despejado una de las principales incógnitas de cara a la votación. La formación liderada por Ione Belarra ha anunciado que sus cuatro diputados respaldarán los dos decretos.
El partido, sin embargo, mantiene sus críticas al Gobierno por haber dividido las medidas en dos textos legislativos. Podemos sostiene que la separación aumenta el riesgo de que algunas de las propuestas consideradas prioritarias para los inquilinos no salgan adelante.
La decisión se produjo después de que el Sindicato de Inquilinas reclamara públicamente a los grupos parlamentarios que aprobaran ambos decretos. El colectivo ha mantenido durante los últimos días movilizaciones para presionar a los partidos ante la votación.
Junts mantiene la incógnita
La principal incógnita está ahora en Junts. Los siete diputados de la formación pueden resultar determinantes debido a la ajustada aritmética del Congreso.
El partido todavía no había comunicado el sentido definitivo de su voto y mantenía abiertas sus deliberaciones internas. Junts ha expresado reservas sobre algunas de las medidas y ha cuestionado que el Gobierno haya dividido el paquete de vivienda en dos decretos.
Las negociaciones del Ejecutivo se concentran, por tanto, en intentar conocer o modificar la posición de una formación cuyo voto puede resultar decisivo para la convalidación.
PP y Vox rechazarán la iniciativa
El Partido Popular y Vox han anunciado su oposición al paquete legislativo. También UPN se ha situado en contra del decreto principal.
Con estos votos en contra, el Gobierno necesita mantener unidos a sus aliados y conseguir que los grupos que aún dudan permitan la aprobación de la norma mediante un voto favorable o, dependiendo de la aritmética final, una abstención.
Coalición Canaria también puede ser determinante
Coalición Canaria aparece como otra de las formaciones que pueden tener un papel relevante en el resultado.
La diputada Cristina Valido ya respaldó en abril una ampliación de la protección de los alquileres, mientras que en esta ocasión la posición definitiva de la formación puede adquirir especial importancia si Junts opta por abstenerse.
Con una Cámara muy dividida, una diferencia de pocos votos puede ser suficiente para determinar si el decreto queda convalidado o decae.
¿Qué contempla el decreto?
El principal decreto incorpora varias medidas relacionadas con la protección de los inquilinos y la regulación del mercado del alquiler.
Entre ellas figura la ampliación hasta 2030 de determinadas medidas frente a los desahucios de personas vulnerables, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones y la prórroga de determinados contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
El texto también establece un límite del 2% para determinadas actualizaciones de renta, introduce un IVA del 10% para los pisos turísticos y contempla beneficios fiscales para algunos inquilinos con ingresos determinados.
El segundo decreto aborda específicamente la renovación automática de los contratos de alquiler, aunque contempla excepciones relacionadas, entre otras circunstancias, con la necesidad de la vivienda por parte del propietario o de un familiar.
El precedente de abril
La votación llega después de un antecedente reciente. En abril, el Congreso rechazó otro real decreto-ley que ampliaba hasta dos años determinados contratos de alquiler que vencieran hasta finales de 2027.
Aquella iniciativa obtuvo 166 votos a favor, 177 en contra y cinco abstenciones. El PNV se abstuvo, mientras que PP, Vox y Junts votaron en contra. La norma permaneció en vigor entre el 22 de marzo y el 28 de abril.
Ahora el Gobierno afronta una nueva votación con una composición parlamentaria igualmente fragmentada. La posición del PNV ya está definida para el primer decreto y Podemos ha confirmado su respaldo. La decisión de Junts, junto con la postura de Coalición Canaria, puede terminar de configurar el resultado del pleno.
La votación está prevista para el viernes 2 de octubre, en un contexto de fuerte presión social y parlamentaria en torno al acceso a la vivienda.