El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 incrementó ligeramente los recursos para algunas instituciones ambientales del país. Sin embargo, es insuficiente frente a la magnitud de las necesidades y los desafíos ambientales y climáticos de México.
Con la aprobación del PEF 2027 el pasado 10 de noviembre, se reasignaron 1,000 millones de pesos del Instituto Nacional Electoral hacia el Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales: 163.2 millones de pesos para el sector central de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 200 millones para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y 189 millones para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), entre otras instituciones.
Con estos ajustes, la Semarnat tendrá 5,508 millones de pesos, un incremento ínfimo frente al presupuesto del 2026. La Conanp, un total de 1799.8 millones de pesos para atender a 232 áreas protegidas, que abarcan la tercera parte del territorio nacional. Este presupuesto deja a la Comisión con niveles similares a los de hace una década, cuando tenía menos áreas protegidas. Por su parte, la Profepa contará con 1181 millones de pesos, un aumento real de 37.3% (frente al presupuesto de 2026), esto representa un avance, no obstante, es limitado e insuficiente para garantizar el acceso a la justicia ambiental y para que la protección prevista en las normas se traduzca en acciones de prevención, vigilancia, cumplimiento de la ley y reparación efectiva de los daños ambientales.
Aunque la aprobación del PEF plantea aumentos para diversas instituciones del sector ambiental, estos son insuficientes para fortalecer las capacidades institucionales de protección ambiental, vigilancia y conservación. En este sentido, la brecha de financiamiento para el cuidado del ambiente y para la adaptación al cambio climático continúa sin atenderse. Deben asignarse presupuestos considerables y progresivos, en un momento en que México enfrenta desafíos para la prevención y atención de los efectos de la crisis climática y, dejar a un lado el modelo reactivo que genera pérdidas mayores y eleva los costos de atención.
El presupuesto federal no puede escatimar en el sector ambiental; los compromisos adquiridos en la COP17, plasmados en la Hoja de ruta de Ereván, exigen al Estado mexicano financiar de manera suficiente a las instituciones responsables de conservar las áreas naturales protegidas, vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental y garantizar que la protección de la biodiversidad ocurra con participación efectiva de las comunidades.
El Gobierno Mexicano estará cerca del cumplimiento de sus compromisos internacionales cuando reduzca progresivamente el apoyo público a la expansión de los hidrocarburos y reoriente recursos hacia una transición energética justa, y la adaptación y conservación de su patrimonio natural. No es congruente pedir mayor ambición climática en los espacios internacionales mientras en casa el presupuesto de Pemex equivale a más de 10 veces el destinado a Semarnat.
El próximo año presenta un desafío particularmente importante. Los efectos del cambio climático, sumados a las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, podrían intensificar fenómenos naturales: incendios forestales, sequías, disminución de las lluvias y aumento de episodios de mala calidad del aire. Sin embargo, el dinero etiquetado en el PEF 2027 para cambio climático en el Anexo 16 destina el 9.5% de recursos para la adaptación y menos del 1% para atender las pérdidas y daños causados por el cambio climático.
Los impactos esperados no sólo amenazan a los ecosistemas y la biodiversidad, también comprometen la seguridad alimentaria, hídrica y energética, además de los derechos humanos de toda la población, como el derecho a la salud, la vivienda, educación, etc., así como daños a la infraestructura vial, como las lluvias torrenciales que afectaron a cinco estados de la república en octubre de 2025, reportándose 982 kilómetros de carreteras federales afectadas (INFOBAE, 2025)
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024, el agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental generaron costos por 1.38 billones de pesos, equivalentes al 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB). En contraste, el presupuesto destinado a las instituciones ambientales representa apenas 0.47% del gasto programable y alrededor de 0.13% del PIB, 37 veces menos de lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) plantea como el mínimo necesario para cumplir con los compromisos climáticos internacionales.
Además, el PEF 2027 no destina recursos suficientes para cumplir con las metas de transición energética que atiendan la urgente necesidad de desfosilizar la economía y de brindar soberanía energética. El Anexo Transversal 15 apenas recibió un aumento incipiente a pesar de que recientemente se estableció una meta de generación limpia del 38.5% para 2030 y 43.3% para 2035. Por tanto, de no destinarse el presupuesto suficiente, el Estado mexicano podría incumplir sus metas de transición energética, tal como ya sucedió con la meta de 2024.
En este contexto, es indispensable y urgente que el Gobierno de México, así como las y los legisladores, implementen acciones concretas para aumentar el financiamiento público para el sector ambiental y avancen hacia una asignación progresiva y suficiente de recursos, acorde con las necesidades de protección de los territorios y los mares, y de las instituciones responsables de protegerlos y velar por el cuidado de la biodiversidad. Los incrementos aprobados para 2027 son un paso en la dirección correcta, pero insuficientes a todas luces para cumplir con requerimientos financieros que comprometen la capacidad del Estado para responder a la emergencia climática, frenar la pérdida de biodiversidad y garantizar la conservación del patrimonio natural del país.
Los recursos de esta ampliación y los fondos que se sumen a lo largo del próximo año deben acompañarse de transparencia presupuestaria, rendición de cuentas, mecanismos efectivos de participación y capacidades institucionales para prevenir y atender agresiones a defensores, inspeccionar actividades con impactos ambientales y garantizar el acceso a la justicia.
