Encarcelamiento de Emilio Lozoya es una forma de presión para que aporte pruebas reales contra “peces gordos”

Redacción, 6 de Noviembre.- En opinión del politólogo de la UNAM, Mario Alberto Huaracha, si la defensa no las presenta, el gobierno “inventará algo” para hacer ver que el desempeño del fiscal Alejandro Gertz Manero no fue en vano y el respaldo del presidente a éste, tampoco

El encarcelamiento del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya en el Reclusorio Norte, además de ser una respuesta a la presión de la opinión pública tras sus fotografías en el lujoso restaurante Hunan, son una forma de forzar a la defensa legal del exfuncionario para presentar verdaderas pruebas que lleven a la captura de “peces gordos” como Luis Videgaray o Enrique Peña Nieto, así lo consideró el politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mario Alberto Huaracha.

México, el académico destacó que el cambio de la medida cautelar a Emilio Lozoya por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), se da principalmente bajo el argumento de “riesgo de fuga”, pero es la forma de garantizar el cuidado de recursos para la reparación del daño. Y aunque la defensa de Lozoya Austin ofreció las escrituras de dos propiedades como garantía del pago del daño, no fueron aceptadas.

En opinión del experto, quien es Doctor en Ciencia Política por la máxima casa de estudios, la decisión de dejar al exdirector de Pemex en la cárcel, es un viraje en el “acuerdo” de Emilio Lozoya con el fiscal Alejandro Gertz Manero para ser considerado testigo protegido y otorgarle el criterio de oportunidad, debido a la presión mediática generada por las fotos de la cena.

“Esa presión tiene como trasfondo la enorme propaganda que se desplegó (en favor de la promesa anticorrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador desde las conferencias mañaneras) en torno al acuerdo con Emilio Lozoya para brindar pruebas para encarcelar ‘peces gordos’ como Luis Videgaray (exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores), Enrique Peña Nieto o Ricardo Anaya (excandidato presidencial y quien aspira a buscar la presidencia en 2024); en el entendido de que son ‘pesados’ no necesariamente por su grado de involucramiento (en la participación en delitos de corrupción, tráfico de influencias, desvío de fondos, etc) sino por su impacto mediático, en favor de la política anticorrupción del presidente, como una de sus principales promesas de campaña y compromisos como gobierno”, destacó.

Para el también académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), lo cuestionable es la discrecionalidad con la que se aplica la ley en México.

Como ejemplo resaltó las enormes diferencias entre los casos de Emilio Lozoya y el de Rosario Robles, quien también fue funcionaria en el gobierno de Enrique Peña Nieto y a quien han señalado de estar involucrada en la llamada “Estafa Maestra”, un complejo entramado mediante el cual se desviaron miles de millones de pesos del erario, a empresas fantasmas, utilizando a universidades públicas; pero se encuentra presa por un delito menor.

“(…) Rosario Robles fue encarcelada por un supuesto delito menor (omisión del ejercicio público, un delito que no ameritaba prisión y además fue juzgada con un juez sobrino de su adversaria política Dolores Padierna y Bejarano), los científicos de Conacyt (a quienes se les acusa de delincuencia organizada, entre otros cargos), se les propone prisión argumentando sus presuntos vínculos (con personajes poderosos y/o dinero) así como un supuesto riesgo de fuga. (En cambio) a Emilio Lozoya, se le da un acuerdo de trato ‘privilegiado’ como testigo protegido para ayudar al gobierno federal a tener evidencias de una agresiva política anticorrupción y lograr encarcelar los peces gordos”, resaltó.

“Ese trato discrecional sumado a la presión mediática de la cena, que golpea ‘la moral’ del gobierno de la austeridad, es lo que lleva a la Fiscalía a cambiar la medida cautelar (encarcelarlo) bajo los argumentos de siempre (ninguno nuevo, todos conocidos: lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho)”. enfatizó.

El politólogo recordó que Lozoya Austin es un “corrupto confeso” el cual tuvo que ser extraditado luego de escapar de México, por lo que negoció un trato de colaboración con la Fiscalía para ayudar a atrapar a estos políticos “pesados”, que es la perfecta propaganda de resultados anticorrupción de AMLO”, destacó.

Es por eso que -insistió el experto- el encarcelamiento de Lozoya no solo es una respuesta a la presión de la opinión pública, sino una manera de forzar a la defensa para entregar las pruebas contra los políticos de peso.

“Si la defensa no las presenta, veremos al gobierno inventando algo para hacer ver que el desempeño del fiscal Alejandro Gertz Manero no fue en vano y el respaldo del presidente a éste, tampoco”, concluyó.