España, Italia, Grecia y Chipre afrontan una presión migratoria «desproporcionada», según la UE

España, Italia, Grecia y Chipre son considerados «bajo presión migratoria» por la Comisión Europea, lo que allana el camino a la reubicación de solicitantes de asilo en otros Estados miembros de la UE. Pero Polonia, Hungría y Eslovaquia se niegan a contribuir.

España, Italia, Grecia y Chipre han sido considerados «bajo presión migratoria» por la Comisión Europea en su primer Informe Anual sobre Asilo y Migración, presentado el martes. Estos países registraron el año pasado un «nivel desproporcionado» de llegadas de inmigrantes, incluidos los rescatados en el mar.

España, Italia, Grecia y Chipre se beneficiarán, por tanto, en 2026 de la solidaridad de otros Estados miembros de la Unión Europea, que podría materializarse mediante la reubicación de solicitantes de asilo en su territorio o a través de contribuciones financieras.

Junto con esta evaluación, la Comisión propuso a los Veintisiete la creación de un Fondo de Solidaridad Anual, un mecanismo que determinará el número total de solicitantes de asilo que deben ser reubicados y la aportación que corresponde a cada país, ya sea mediante acogida o mediante contribución económica.

La propuesta, que no es pública, será debatida por los Estados miembros, que deberán decidir el tamaño del fondo y la cuota de solidaridad de cada país antes de que acabe el año.

Cada Estado miembro, excepto los que están bajo presión migratoria, deberá contribuir en proporción a su población y a su PIB. Podrá hacerlo reubicando a un determinado número de solicitantes de asilo, pagando 20.000 euros por cada persona no acogida o financiando apoyo operativo en los países más afectados.

Los países que están en riesgo de presión migratoria

La decisión final se tomará por mayoría cualificada y el tamaño mínimo del fondo se fija por ley en 30.000 reubicaciones y 600 millones de euros en contribuciones financieras. El informe también identifica a 12 países «en riesgo de presión migratoria»: Bélgica, Bulgaria, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia y Finlandia.

Estos Estados deberán prestar solidaridad a los que se encuentran bajo mayor presión, aunque su situación se reevaluará el próximo año para evitar cargas desproporcionadas. Un tercer grupo (Bulgaria, República Checa, Estonia, Croacia, Austria y Polonia) ha sido calificado como «enfrentado a una situación migratoria significativa». Siguen obligados a participar en el sistema de solidaridad, pero pueden solicitar una exención, que deberá ser avalada por la Comisión y aprobada por los demás Estados miembros.

El informe y la reserva de solidaridad constituyen la base del nuevo sistema de «solidaridad obligatoria» incluido en el Pacto sobre Migración y Asilo, la gran reforma migratoria europea aprobada en 2024.

Algunos países, sin embargo, mantienen su oposición al pacto. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, el de Polonia, Donald Tusk, y el de Eslovaquia, Robert Fico, ya han afirmado que no aplicarán las normas europeas porque no desean contribuir ni económicamente ni acogiendo migrantes. «Polonia no aceptará inmigrantes en virtud del Pacto de Migración. Ni pagaremos por ello», escribió Tusk en Twitter tras la presentación del informe.

Budapest y Varsovia aún no han presentado sus planes de aplicación del pacto, según confirmó el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner. «No contribuir al mecanismo de solidaridad supondría un incumplimiento de las obligaciones que impone la legislación de la UE», declaró a ‘Euronews’ un alto funcionario comunitario.

Esta falta de cooperación podría derivar en procedimientos de infracción contra los países que se nieguen a cumplir cuando el reglamento entre en vigor en junio de 2026. La primera evaluación del nuevo sistema migratorio se realizará en julio del mismo año, según fuentes europeas.

La Comisión destaca, no obstante, que la situación migratoria general en la Unión ha mejorado, con una reducción del 35% en los cruces irregulares de fronteras entre julio de 2024 y junio de 2025. Aun así, advierte de que las llegadas irregulares, los movimientos no autorizados dentro de la UE y la militarización de los flujos migratorios por parte de Rusia y Bielorrusia siguen siendo algunos de los principales desafíos que Europa debe afrontar.

Fuente:es.euronews.com