Estados Unidos sancionó este martes a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), en una nueva escalada de las medidas adoptadas por la administración de Donald Trump contra el tribunal con sede en La Haya. La decisión también alcanzó a Abdoulaye Seye, abogado principal de la Fiscalía de la CPI.
Las sanciones fueron anunciadas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, bajo una orden ejecutiva.
De la administración Trump que permite imponer medidas contra funcionarios de la CPI involucrados.
En investigaciones o procesos contra personas cuyos gobiernos no han aceptado la jurisdicción del tribunal.
La medida implica el bloqueo de cualquier activo o participación financiera que Akane y Seye puedan tener bajo jurisdicción estadounidense.
Además de restringir el acceso de las personas sancionadas al sistema financiero de Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro emitió también una licencia general que permite realizar determinadas operaciones necesarias.
Para cerrar negocios relacionados con las personas sancionadas hasta las 12:01 horas del 17 de septiembre de 2026.
De acuerdo con Rubio, ambos funcionarios participaron directamente en esfuerzos de la CPI para investigar.
Detener o procesar a funcionarios de gobiernos que no han aceptado la jurisdicción del tribunal.
La decisión se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y la CPI por las investigaciones y órdenes de arresto emitidas por el tribunal.
La corte fue creada mediante el Estatuto de Roma y comenzó a funcionar en 2002 con el objetivo de juzgar.
A personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Estados Unidos no es miembro del Estatuto de Roma. Sin embargo, la CPI sostiene que puede ejercer jurisdicción.
Sobre determinados crímenes cometidos en el territorio de Estados que sí reconocen al tribunal.
Incluso cuando los presuntos responsables sean ciudadanos de países que no forman parte de la institución.
El conflicto entre Washington y la CPI se intensificó después de que el tribunal emitiera órdenes de arresto.
Contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant.
El Gobierno estadounidense ha rechazado dichas actuaciones y ha impuesto previamente sanciones contra otros funcionarios de la corte.
Abdoulaye Seye, quien también fue incluido en las nuevas sanciones, forma parte del equipo de la Fiscalía.
Que participó en el proceso relacionado con la solicitud de una orden de arresto contra Netanyahu.
Además, ha sido propuesto como candidato para ocupar un puesto como juez de la CPI.
La CPI condenó las nuevas medidas estadounidenses y advirtió que las sanciones representan una amenaza para la independencia judicial y el orden jurídico internacional.
La ofensiva de Washington contra el tribunal se suma a otras medidas adoptadas durante el último año contra fiscales y jueces de la CPI.
Tres magistrados de la institución han recurrido judicialmente las sanciones ante tribunales estadounidenses, al considerar que las disposiciones de la administración Trump son ilegales.
Asimismo, el Gobierno estadounidense ha anunciado una estrategia diplomática para convencer a otros países de abandonar la CPI.
Como parte de una campaña que busca reducir el alcance internacional del organismo.
Con la inclusión de Tomoko Akane, máxima autoridad de la Corte Penal Internacional, las tensiones alcanzan un nuevo nivel institucional.
La medida representa una ampliación de las herramientas financieras utilizadas por Washington contra integrantes de un tribunal.
Que, aunque Estados Unidos no forma parte de él, tiene jurisdicción en determinadas circunstancias sobre crímenes internacionales cometidos en territorio de Estados miembros.
El enfrentamiento plantea nuevos desafíos para la CPI, que deberá mantener sus procedimientos.
Y su independencia judicial frente a las presiones de una de las principales potencias económicas y políticas del mundo.