El Gobierno de Brasil solicitó a la Corte Suprema declarar inconstitucional una ley que permite reducir las penas de los condenados por los hechos ocurridos el 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes del entonces presidente Jair Bolsonaro irrumpieron en las sedes de los tres poderes en Brasilia en un intento de golpe de Estado.
La petición fue presentada por la Abogacía General de la Unión (AGU), que llevó el reclamo del Ejecutivo encabezado.
Por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ante el Supremo Tribunal Federal (STF).
Al considerar que la legislación representa un riesgo para la protección del orden democrático en el país.
La denominada Ley de Dosimetría fue aprobada por el Congreso en diciembre y promulgada a comienzos de mayo.
Luego de que diputados y senadores rechazaran el veto impuesto por Lula. La norma flexibiliza el cumplimiento de condenas.
Y prohíbe la acumulación de penas por delitos de naturaleza semejante.
De acuerdo con la AGU, esta reducción significativa de sanciones coloca “en situación de vulnerabilidad”.
Bienes jurídicos esenciales de la República y podría incentivar nuevas conductas contra el Estado democrático de derecho.
En el documento presentado ante la Corte Suprema, el órgano jurídico del Ejecutivo sostuvo que la ley representa un retroceso.
En la respuesta penal frente a delitos de alto impacto institucional y alertó sobre el riesgo de que las penas reducidas favorezcan “nuevos ataques a la democracia”.
Asimismo, la AGU cuestionó el proceso legislativo de la norma, al señalar presuntas irregularidades.
En el tratamiento del veto presidencial y en la incorporación de modificaciones.
Según su interpretación, debieron ser nuevamente analizadas por la Cámara de Diputados.
Tras el veto presidencial, tanto la Cámara de Diputados como el Senado decidieron revocar la objeción presentada por Lula.
Lo que permitió que el presidente del Congreso, Davi Alcolumbre, promulgara oficialmente la ley a pocos meses de las elecciones presidenciales previstas para octubre.
La legislación impacta principalmente en los condenados por el intento de golpe del 8 de enero de 2023.
Incluido el propio Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple en régimen domiciliario una condena de 27 años y tres meses de prisión.
Además, el texto beneficia a otras personas sentenciadas por delitos relacionados con la invasión de edificios públicos en Brasilia.
Entre los puntos más controvertidos se encuentra la posibilidad de acceder con mayor rapidez.
Al régimen semiabierto, reduciendo así el tiempo efectivo de encarcelamiento.
El debate cobra especial relevancia a cinco meses de las elecciones presidenciales.
En las que Lula buscará la reelección y tendría como principal adversario político al senador Flávio Bolsonaro.
El fallo que emita la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de la norma podría tener repercusiones directas.
Tanto en la contienda electoral como en el futuro político de los principales actores del escenario brasileño.
Fuente: EFE