El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, encabezó el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional y Disculpa Pública por la desaparición del profesor Gregorio Alfonso Alvarado López, ocurrida en 1996 en el estado de Guerrero.
La ceremonia se realizó en cumplimiento al Acuerdo de Solución Amistosa suscrito entre el Estado mexicano.
Las víctimas indirectas y su representación legal, dentro del caso 11.775 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Durante el acto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina.
Reconoció en nombre del Gobierno de México la responsabilidad internacional derivada de las violaciones.
A los derechos humanos cometidas contra Gregorio Alfonso Alvarado López y sus familiares.
Asimismo, ofreció una disculpa pública a la familia del activista y reiteró el compromiso del Estado mexicano.
De continuar con el esclarecimiento de los hechos y el cumplimiento de las medidas acordadas con las víctimas.
Gregorio Alfonso Alvarado López fue maestro, defensor de derechos humanos e integrante del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular.
Su labor educativa y comunitaria contribuyó al fortalecimiento de los pueblos indígenas y al impulso de la educación intercultural bilingüe en Guerrero.
Al acto asistieron familiares del activista, entre ellos su esposa Norma Valdez y sus hijos Itandehui, Donají y Antonio Alvarado Valdez.
Así como representantes de organizaciones sociales y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
También participaron la fiscal especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, Mariana Díaz.
La vicepresidenta de la CIDH y relatora para México, Andrea Pochak; y la representante adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Maia Campbell.
Asimismo, acudieron representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y otras instituciones federales y estatales.
Con este acto, el Gobierno de México refrenda su compromiso con la verdad, la memoria, la justicia y la reparación integral para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.