El Golfo de México enfrenta la presión de la industria petrolera en ambos lados de la frontera. Decisiones gubernamentales recientes impulsan una mayor expansión de las actividades de petróleo y gas en aguas profundas pese a los riesgos que representan para especies en peligro de extinción, comunidades pesqueras y ecosistemas marinos.
En México, el gobierno federal ha reiterado su intención de concretar un acuerdo entre Pemex y Petrobras para explorar aguas profundas en el Golfo de México, una de las zonas marinas más biodiversas del planeta. En Estados Unidos, la administración de Trump eliminó protecciones para especies amenazadas y en peligro de extinción con el objetivo de facilitar nuevos proyectos de perforación petrolera en alta mar.
Para Oceana, organización dedicada a la protección de los océanos, ambas decisiones reflejan una tendencia preocupante: priorizar la expansión de los combustibles fósiles en una región de gran importancia para el planeta, que enfrenta los impactos de la crisis climática y décadas de degradación ambiental asociada a la industria petrolera.
“El Golfo de México es un ecosistema compartido. Lo que ocurre en un país tiene consecuencias para toda la región”, señaló Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana. “Mientras los gobiernos impulsan más perforación petrolera, las comunidades costeras enfrentan tormentas más intensas, la disminución de las pesquerías y la degradación de los ecosistemas de los que dependen su sustento”.
La posible incursión de Petrobras en aguas profundas genera preocupación debido a los altos riesgos ambientales asociados con este tipo de operaciones. Los accidentes en aguas profundas son más complejos de contener y sus impactos pueden extenderse durante años, afectando ecosistemas marinos, actividades pesqueras y economías locales.
El Golfo de México ya conoce las consecuencias de la expansión petrolera. Derrames, contaminación crónica, ruido submarino, destrucción de hábitats y emisiones de gases de efecto invernadero han dejado una huella persistente en la región, afectando tanto a la biodiversidad como a miles de familias que dependen del mar.
En Estados Unidos, Oceana, representada por Earthjustice, se sumó a una demanda contra la decisión de la administración Trump de retirar protecciones para especies amenazadas y en peligro de extinción en el Golfo de México.
La medida pone en riesgo a 20 especies protegidas, entre ellas tortugas marinas, tiburones, mantarrayas, esturiones y la ballena de Rice, una especie en peligro crítico de extinción que habita exclusivamente en el Golfo de México y cuya población se estima en apenas 51 individuos.
De acuerdo con la demanda, el gobierno estadounidense recurrió por primera vez a una excepción de seguridad nacional para evitar la aplicación de protecciones contempladas en la Ley de Especies en Peligro de Extinción, una de las herramientas ambientales más importantes del país.
“El Golfo de México no reconoce fronteras. Los derrames, la contaminación y la pérdida de biodiversidad tampoco”, agregó Terrazas. “Las decisiones que hoy se toman en materia energética definirán el futuro de las pesquerías, las comunidades costeras y especies únicas que existen solamente en estas aguas”.
La organización advirtió que la expansión petrolera ocurre en un momento especialmente crítico para la región. El aumento del nivel del mar, la erosión costera, las tormentas más intensas y la disminución de algunas poblaciones pesqueras ya están transformando la vida de miles de personas que dependen del Golfo.
En el marco del Día Mundial de los Océanos, Oceana hizo un llamado a los gobiernos de México y Estados Unidos para fortalecer y no debilitar la protección del Golfo, garantizar que las decisiones públicas se basen en evidencia científica y colocar la protección de los océanos en el centro de las políticas energéticas.
“El futuro del Golfo de México no debería decidirse únicamente en función de cuánto petróleo puede extraerse de sus aguas. También debe considerarse el valor de los ecosistemas, la seguridad alimentaria de millones de personas y el derecho de las futuras generaciones a contar con océanos saludables”, concluyó Terrazas.