Ingresará Nicolas Sarkozy a una cárcel de París el 21 de octubre

El expresidente francés, Nicolas Sarkozy, deberá ingresar en prisión el martes 21 de octubre de este año, según ha comunicado la fiscalía francesa.

La condena, impuesta por la justicia francesa, es de cinco años por la presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2007.

Además con fondos del régimen libio de Muamar el Gadafi, según informa Le Monde.

La fiscalía financiera notificó a Sarkozy su ingreso en el centro penitenciario de La Santé, en París, una de las dos prisiones con la seguridad necesaria para su reclusión.

Sarkozy, de 70 años, fue presidente entre 2007 y 2012 y, aunque retirado de la política activa, mantiene cierta influencia.

También el expresidente acudió a la cita judicial el lunes y salió sin hacer declaraciones.

Ni su abogado, Christophe Ingrain, ni el Frente Nacional quisieron hacer comentarios.

Esta condena convierte a Sarkozy en el primer presidente de la Francia actual en cumplir pena de cárcel.

El pasado 25 de septiembre, el Tribunal de París comunicó la condena, que Sarkozy calificó de «escándalo».

Aunque se esperaba que la apelación permitiera su libertad provisional, los jueces ordenaron la ejecución provisional de la pena debido a «la gravedad excepcional de los delitos».

La defensa de Sarkozy podrá solicitar la libertad condicional, con un plazo de hasta dos meses para su resolución.

En el mismo proceso, otras siete personas han sido condenadas. Entre ellas, el intermediario Alexandre Djouhri.

Con una pena de seis años de prisión y una multa de tres millones de euros, y el banquero Wahib Nacer.

Condenado a cuatro años de prisión y una multa de dos millones de euros. Todos los acusados han apelado.

La asignación de prisiones se realizó alfabéticamente, pero solo dos centros en la región parisina cumplen con los requisitos de seguridad para Sarkozy: La Santé y Fleury-Mérogis.

Finalmente, la presidenta del tribunal, Nathalie Gavarino, recibió amenazas tras la lectura de la sentencia.

Ante lo cual el Elíseo denunció que «los ataques y amenazas de muerte contra los magistrados son inadmisibles».