El pleno de la Knéset aprobó una reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas declaradas culpables de asesinato con fines terroristas, una medida que ha generado fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos.
La iniciativa fue avalada con 62 votos a favor y 48 en contra, y contempla que —salvo excepciones aún no especificadas.
Los tribunales militares israelíes deberán imponer esta sanción a palestinos residentes en territorios ocupados de Cisjordania.
Que sean hallados culpables de dicho delito. En contraste, los tribunales civiles que juzgan a ciudadanos israelíes podrán optar por la cadena perpetua bajo ciertas condiciones.
El primer ministro, Benjamín Netanyahu, participó en la sesión y votó a favor de la reforma.
Promovida por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, identificado con posturas ultranacionalistas.
Durante el debate legislativo, integrantes de la oposición expresaron su rechazo a la medida. El diputado Matti Sarfatti, del partido Yesh Atid, calificó la reforma como “inmoral, desigual y claramente inconstitucional”.
Tras la aprobación, se registraron momentos de tensión en el recinto legislativo.
Asimismo, poco después del proceso, se reportó el lanzamiento de misiles desde Irán hacia la región de Tel Aviv, lo que elevó la preocupación en el contexto de seguridad regional.
La reforma ha intensificado el debate internacional sobre el uso de la pena de muerte y su posible aplicación diferenciada, en medio de un escenario de alta tensión política y social en la región.