México está por entrar en una nueva temporada electoral. El próximo 10 de septiembre comenzará formalmente el Proceso Electoral Federal 2026-2027 para elegir 500 diputaciones federales y más de 19 mil cargos locales en todo el país.
Durante los próximos meses escucharemos propuestas para resolver los problemas que más preocupan a la sociedad como seguridad, salud, educación, agua, empleo, economía, energía, medio ambiente y tecnología. Pero hay una pregunta que pocas veces nos hacemos: ¿con qué evidencia se elaboraron dichas propuestas?
La ciencia aparece con frecuencia en el discurso público. Los gobiernos hablan de desarrollo científico, innovación y tecnología. El gobierno federal afirma haber fortalecido este sector. Sin embargo, tener una política científica no significa utilizar la evidencia científica para construir el resto de políticas públicas.
Ahí tenemos una deuda.
Cuando alguien aspira a gobernar, preguntamos qué hará, cuánto costará y cuándo lo hará. Sin embargo, también deberíamos preguntar qué evidencia respalda su propuesta. La pregunta es relevante porque los problemas públicos son cada vez más complejos. El agua, la salud, la transición energética, el cambio climático y la inteligencia artificial requieren conocimiento especializado.
El politólogo español, Joan Subirats ha señalado la brecha que existe entre el conocimiento científico y las decisiones políticas. Ciencia y política tienen tiempos y lógicas diferentes. La ciencia investiga, contrasta y cuestiona. La política necesita decidir y responder a demandas inmediatas. Por eso necesitamos un puente entre ambas.
La ciencia no puede sustituir a la política. La política tampoco debería ignorar la evidencia.
El problema no consiste sólo en consultar especialistas. También necesitamos personas capaces de identificar evidencia relevante, valorar su calidad y convertirla en opciones para la política pública. Esa capacidad debería formar parte de los equipos de quienes aspiran a gobernar.
Pero aquí hay un problema, que la evidencia científica no siempre dará la respuesta favorable que la política quiere escuchar. Una investigación puede cuestionar una decisión ya tomada. Puede mostrar que una política produce efectos distintos a los esperados. Ahí se pone a prueba la relación entre ciencia y política.
Un gobierno puede decidir algo distinto a lo que recomienda una investigación. Puede hacerlo por razones sociales, económicas o políticas. Lo que no debería hacer es descalificar la evidencia porque resulta incómoda.
Por eso este proceso electoral ofrece una oportunidad. Además de preguntar qué proponen quienes aspiran a gobernar, deberíamos preguntar cómo saben que sus propuestas pueden funcionar.
¿Qué evidencia las respalda? ¿Quién la revisó? ¿Cómo se medirán sus resultados? ¿Qué harán si los resultados contradicen sus expectativas?
Estas preguntas deberían formar parte de la conversación electoral. Quienes aspiran a gobernar también deberían incorporar asesoría científica en sus equipos. No como un gesto hacia la academia. No como un elemento decorativo. Como una capacidad para tomar mejores decisiones.
México necesita ciencia para investigar sus problemas. También necesita ciencia para decidir mejor cómo resolverlos.
La ciencia también debería estar en campaña.
Carlos Hernández Zarza
Presidente de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia (RED MPC)