Opinión
La Columna #ApunteMillenial de Susana Ángeles «Lecciones del 31 de julio de 2018 en Hidalgo»

Hace unos días, el 31 de julio, el calendario marcó una fecha que para algunos de mis compañeros legisladores y para mí, es dura de recordar. Ese día, el último de los trabajos de la LXII legislatura, el régimen de partido único logró cometer una más de sus tropelías: aprobar, entre otros, un cambio sustantivo en la Ley Orgánica en el Congreso que consistió en hacer rotativo entre los primeros tres grupos legislativos con más integrantes, el control del principal órgano político y administrativo del Poder Legislativo —la Junta de Gobierno—. En contraste, durante toda la historia de este Congreso, el cargo de Presidente de dicho órgano había recaído siempre en un representante del grupo legislativo que tuviera mayoría absoluta.
Ese era el caso de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional, cuyos candidatos ganamos por el principio de mayoría relativa en diecisiete de dieciocho distritos electorales locales, representando con ello el 57% de la composición total de la legislatura. Ante la magnitud del triunfo de la oposición, la mayoría de la legislatura en turno —tendiente a ser una extensión de la concentración de poder político del Poder Ejecutivo en vez de complemento y contrapeso del mismo— decidió emprender una serie de anomalías al proceso legislativo con tal de evitar que las preferencias expresadas en las urnas, prevalecieran en el gobierno interno de este poder soberano. Entre dichas anomalías, destaca que el diputado promovente de la reforma aludida, Marco Antonio Ramos Moguel pidió formalmente retirar su propuesta, sin que su petición fuera aceptada.
Con el objetivo de impedir dichos albazos legislativos, militantes y simpatizantes de Morena nos apostamos a las entradas del Congreso, ejerciendo nuestro derecho a manifestarnos y exigiendo que se modificara la orden del día, debido a que además de esta reforma “con dedicatoria”, se planeó aprobar sin previo análisis a fondo, otras de gran importancia para la entidad como una relativa al refinanciamiento de la deuda estatal y alguna más relacionada con las inversiones en el polígono denominado “PLATAH”, en Zapotlán de Juárez. Durante toda la mañana se realizaron acciones de resistencia civil pacífica como hacer barreras humanas en los accesos, encadenar las rejas y exhibir cartulinas; sin embargo, pasando el medio día, decenas de nosotros fuimos desalojados con lujo de violencia del acceso que colinda con las instalaciones de la Procuraduría. Junto con otros diputados electos y muchos ciudadanos solidarios, yo estaba ahí y, al estar de espaldas a la reja referida, fui de las primeras en recibir los golpes propinados por los toletazos de la policía estatal. Al mismo tiempo que algunos resistíamos con nuestros cuerpos con la intención de no liberar el acceso, algunas mujeres, niños y personas de la tercera edad comenzaron a correr, siendo sorprendidos por un camión antimotines de donde arrojaron gases lacrimógenos.
Algunas mujeres, que al día de hoy somos diputadas, insistimos en no caer en pánico y nos hincamos para seguir impidiendo, de manera pacífica, el avance de los policías que tenían como finalidad introducir por la fuerza al número suficiente de diputados para realizar una votación que permitiera sesionar en sede alterna. Sin embargo, la posibilidad de ser aplastadas por la fuerza pública, la acumulación de gases y el hecho de que se comenzaron a arrojar piedras en ambos sentidos, hicieron que nuestros amigos nos sacaran casi a rastras del lugar de los hechos. A los pocos minutos, llegaron ahí compañeros que estaban en otros accesos y, presos de rabia, agredieron a los que nos habían agredido primero, comenzando una lamentable riña campal.
Tras 365 días, me quedan algunas lecciones sobre estos hechos: 1) que el régimen de partido único era favorable a la acumulación insana del poder en manos del Ejecutivo y, por lo tanto, dañino para el avance de una sociedad; 2) que el uso de la violencia y el empleo de la fuerza pública para controlar una manifestación pacífica es un síntoma deleznable de la falta de legitimidad de un gobierno; 3) que la violencia no se combate con más violencia y por ello, es condenable que los compañeros agredieran a los policías muy a pesar de que muchas personas habíamos sido violentadas; 4) que no pudimos evitar las reformas pretendidas y que ahora, como legisladores en funciones, nos compete proponer leyes más justas con buen oficio político y 5) que la reconciliación nacional a la que apela el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos empieza por nosotros mismos haciendo a un lado la frustración, el dolor y el rencor que puedan provocarnos estos hechos para enfocar todas nuestras energías en crear un marco jurídico más acorde con las necesidades de nuestro estado, sin que ello signifique olvido.
Así, el 31 de julio debería servir de reflexión para quienes conformamos la LXIV legislatura hidalguense: ¿qué hemos hecho desde entonces para que el Estado garantice el respeto a los derechos humanos del pueblo, para legislar por el reconocimiento de los derechos de grupos minoritarios, para vigilar el uso responsable de los recursos públicos, para reconocer que lo más importante no es qué fracción parlamentaria ocupe la presidencia de la Junta de Gobierno sino preguntarnos cómo podemos hacer el funcionamiento del Poder legislativo más eficiente y democrático?
Nadie puede venir a contarnos la historia de ese 31 de julio a las afueras de Congreso a quienes lo vivimos en primera persona. La lucha por los ideales de la cuarta transformación (de la que algunos hablan sin conocer su significado) inició muchísimo tiempo antes de que ese día aconteciera y prevalece todos los días frente a las resistencias que, por cierto, tienen lugar en muchos frentes. En ese sentido, los militantes seguiremos defendiendo nuestros principios para no defraudar a nuestros votantes.