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Hidalgo

Maestros exigen a SEPH pague salarios retenidos durante Reforma Educativa

Publicado

el

César Peña

Pachuca, 8  de enero.-  Maestros de la entidad que se encuentran  con salarios retenidos exigieron a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), acelere el proceso de liberación de sus percepciones luego de que muchos llevan hasta dos años sin ver un solo peso por venganzas políticas gestadas durante la “Reforma Educativa”.

Representados por el abogado Miguel Ángel Uribe, los quejosos demandaron a las autoridades educativas a regresar a le mesa de negociación y a cumplir con su obligación de “descongelar” sus salarios al 100 por ciento, pues en la última negociación la SEPH sólo quería darles la mitad y de forma escalonada.

Ahora, los afectados exigen que la negociación sea completa para los cerca de 70 trabajadores de la educación – entre maestros, directores y administrativos -, y puedan recibir lo que  les fue retenido de manera ilegal.

La SEPH ha reconocido el problema, pero en la primera negociación en el mes de octubre, el titular del ramo, Atilano Rodríguez ofreció saldar esta deuda en pagos y sólo a un reducido grupo de afectados, lo que fue rechazado.

El tenor de las reuniones subsecuentes ha sido el mismo, incluyendo la primera reunión de los primeros días de este 2019, en que la SEPH insiste en regatearle a los profesores afectados.

El grupo negociador de mentores está integrado además de Miguel Ángel Uribe, por Justino Chavarría y los  ex legisladores Diana Montes, J. Dolores Guzmán  y María Eugenia  Muñoz.

 «Pedimos que se resuelva el asunto de forma política, pues así fue como se aplicaron estas medidas en contra de los profesores afectados”, señaló Uribe.

Acusaron que en el marco de la “Reforma Educativa”, la SEPH y el SNTE, utilizaron la retención salarial como mecanismo de presión contra los maestros disidentes que no se doblegaran al examen de evaluación y protestaran contra las injusticias que se cometían.

Algunos llevan dos años sin ver el producto de su trabajo por dos años, amén de que fueron movidos de sus centros de trabajo también en castigo por no someterse.