El gobierno mexicano interpuso el lunes una nueva demanda sobre armas de fuego en Estados Unidos, esta vez contra cinco tiendas y distribuidores estadounidenses a los que responsabiliza del flujo de armas ilegales hacia México.
La primera demanda, que fue desestimada recientemente, se enfocaba en los fabricantes estadounidenses de armas de fuego. La segunda, que según el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard se presentó el lunes en una corte federal de Arizona, está enfocada en los vendedores de armas.
“Los estamos demandando porque aquí, evidentemente, como hay una recurrencia, presumimos y es evidente que hay tráfico de armas y que se sabe que esas armas van dirigidas a nuestro país”, declaró Ebrard.
El canciller había prometido la semana pasada que la nueva demanda se enfocaría en las tiendas o distribuidores de armas de fuego en los estados limítrofes con México que venden armas a prestanombres, que a su vez las facilitan a los traficantes, quienes las traen a territorio mexicano.
México está demandando por daños y perjuicios no especificados y para exigir que las armerías contraten a observadores independientes con el fin de asegurarse de que las leyes federales de Estados Unidos se cumplan en la compra de armas.
Alejandro Celorio Alcántara, asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que México había elegido “dentro de las diez peores tiendas” para indiciarlas en la demanda, incluyendo tres armerías en Tucson, una en Phoenix y una en Yuma, Arizona.
“Lo que ellos hacen es no ser cuidadosos en la forma como venden sus productos. Entonces permiten que prestanombres… pues compren armas”, declaró Celorio, y agregó que esas tiendas vendieron muchas armas, muchas veces, a algunos clientes. “Nosotros señalamos que las empresas son negligentes y facilitan al grado de ser cómplices en la venta a prestanombres”.
Alegó que investigaciones penales estadounidenses habían rastreado compras de armas hasta las tiendas, y dijo que había evidencia de que las armerías no habían llenado la información requerida en algunas adquisiciones.
“El argumento central de nuestra demanda es que estas empresas están organizadas y forman parte de una empresa, de una maquinaria, de un sistema criminal que está facilitando que criminales y cárteles en México puedan utilizar sus armas”, añadió Celorio.
Dijo que la primera audiencia sobre la demanda podría ser hasta mediados del año próximo.
Ebrard mencionó que se cree que aproximadamente el 60% de las armas de fuego que se han incautado en el país en los últimos años proceden de 10 condados de Estados Unidos, la mayoría de ellos ubicados en la frontera entre ambas naciones. México tiene estrictas restricciones a la posesión de armas de fuego, pero a pesar de ello la violencia de los cárteles del narcotráfico ha cobrado cientos de miles de vidas en el país en años recientes.
“Vamos a demostrar que, en muchos de estos puntos donde se venden estos productos en esos condados que les acabo de decir, están operando prestanombres, y se tiene que empezar a fincarles responsabilidades penales”, señaló Ebrard la semana pasada en una comparecencia ante el Senado mexicano.
Una ley estadounidense promulgada recientemente criminaliza las ventas por intermediarios y establece sentencias de entre 15 y 25 años en prisión en caso de que la ofensa esté relacionada al tráfico de drogas.
Celorio dijo que esa es una diferencia crucial entre esta demanda y la anterior que presentó México: en la demanda incoada en Arizona, el gobierno mexicano argumenta que se violaron leyes estadounidenses.
Un juez federal estadounidense desestimó la primera querella de México contra los fabricantes de armas de Estados Unidos. México ha dicho que apelará ese fallo.
El juez de ese caso falló que las acusaciones del gobierno mexicano no estaban por encima de las protecciones que brinda la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas a los fabricantes de armas.
Dicha ley, aprobada en 2005, protege a los fabricantes de armas de los daños y perjuicios “resultantes del uso criminal o ilícito” de un arma de fuego.
México pedía una compensación de al menos 10.000 millones de dólares, pero expertos jurídicos consideraban que la demanda tenía pocas probabilidades de prosperar.
El gobierno mexicano calcula que el 70% de las armas traficadas a México provienen de Estados Unidos, según la SRE. Señaló que, tan sólo en 2019, al menos 17.000 homicidios en México estaban relacionados con armas traficadas.
Agencia AP
