La mujer, de 87 años, podrá regresar al piso del barrio madrileño de Retiro cuando reciba el alta hospitalaria. El acuerdo establece un contrato de ocho años y una renta que no superará el 30% de sus ingresos.
Maricarmen Abascal podrá regresar a la vivienda en la que pasó más de siete décadas de su vida. La mujer, de 87 años, ha aceptado finalmente las condiciones pactadas entre sus representantes y Urbagestión, la empresa propietaria del inmueble del que fue desalojada la semana pasada.
El acuerdo contempla que Maricarmen vuelva a ocupar como arrendataria el piso situado en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro. Su regreso se producirá una vez que reciba el alta del Hospital Gregorio Marañón, donde permanece ingresada desde el desahucio.
Según las condiciones pactadas, el nuevo contrato tendrá una duración de ocho años. El importe del alquiler quedará limitado al 30% de sus ingresos netos y se situará en torno a los 500 euros mensuales, una cantidad similar a la que abonaba anteriormente.
Su abogada, Beatriz Duro, ha confirmado que Maricarmen ya conoce los términos del acuerdo y ha dado su consentimiento. Tras comunicárselo, la reacción de la mujer fue positiva.
Además, sus pertenencias continúan dentro del inmueble, por lo que no tendrá que afrontar una nueva mudanza cuando abandone el hospital.
Un desenlace después del desahucio
La solución llega apenas unos días después de que Maricarmen fuera desalojada de la vivienda en la que había residido durante más de 70 años. El desahucio provocó una fuerte movilización de colectivos vinculados al derecho a la vivienda y situó su situación personal en el centro del debate sobre el acceso a la vivienda y la protección de los inquilinos vulnerables.
Las negociaciones entre la propiedad y los representantes de Maricarmen se desarrollaron con la mediación de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid. El acuerdo alcanzado permitió establecer las condiciones de un nuevo arrendamiento.
La vivienda había sido adquirida por Urbagestión en 2018. Maricarmen mantenía entonces un contrato de renta antigua y, según las informaciones publicadas sobre el caso, continuó pagando tanto el alquiler como los gastos asociados a la vivienda.
La situación se complicó a partir de 2020, cuando la propiedad comunicó que debía abandonar el inmueble debido a las condiciones del contrato y a que este ya había sido objeto de varias subrogaciones.
La movilización continuará en Madrid
Aunque el regreso de Maricarmen supone el cierre de su situación particular, las organizaciones que han respaldado las protestas aseguran que sus reivindicaciones continuarán.
El Sindicato de Inquilinas ha señalado que el caso representa un problema que va más allá de una sola persona y ha reclamado cambios que permitan reforzar la protección de quienes tienen dificultades para mantener su vivienda.
La organización mantiene además la acampada instalada en la Puerta del Sol, donde los manifestantes reclaman medidas frente a los desahucios y el encarecimiento de los alquileres.
El caso de Maricarmen se produce, además, en plena discusión sobre nuevas medidas del Gobierno español en materia de vivienda. El Consejo de Ministros aprobó este martes dos reales decretos-ley que incluyen actuaciones relacionadas con la protección frente a los desahucios, los alquileres y el acceso a la vivienda.
Así, mientras Maricarmen prepara su regreso al piso en el que vivió durante buena parte de su vida, el debate sobre el acceso a una vivienda asequible y la protección de los inquilinos continúa abierto en España.