El Gobierno de México expresó su desacuerdo con la reciente resolución del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), al considerar que presenta un análisis parcial y sesgado, al centrarse en hechos ocurridos entre 2009 y 2017 —durante administraciones anteriores— y limitarse a cuatro entidades federativas, sin tomar en cuenta la información actualizada presentada por el Estado mexicano el pasado 27 de marzo.
Asimismo, lamentó que el Comité haya decidido no incorporar dichos elementos antes de emitir su determinación.
Cabe destacar que, en los párrafos 117 y 118 del propio documento, el CED reconoce que no existen indicios de una política federal.
Orientada a la comisión de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, lo cual refleja una realidad distinta a la de periodos previos.
El Gobierno de México también señaló inconsistencias en la argumentación jurídica del Comité.
Así como interpretaciones cuestionables respecto a instrumentos internacionales, como el Estatuto de Roma.
De igual forma, manifestó preocupación por posibles conflictos de interés entre algunos de sus integrantes.
Al existir antecedentes de colaboración con organizaciones que han promovido denuncias contra el Estado mexicano.
Se reiteró que el Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas, y subrayó que en la actual administración se han impulsado reformas legislativas e institucionales en estrecha coordinación con colectivos de familiares de víctimas.
Como resultado de un proceso de diálogo incluyente, en julio de 2025 se aprobaron modificaciones sustantivas a la legislación en la materia, que fortalecen las capacidades del Estado a través de nuevas herramientas y obligaciones, entre las que destacan:
- La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
- La apertura inmediata de carpetas de investigación desde el primer reporte.
- La creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación.
- La implementación de la Plataforma Única de Identidad.
- El establecimiento de fiscalías especializadas en las entidades federativas.
- El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
- La consolidación de la Comisión Nacional de Búsqueda con mayor capacidad técnica y operativa.
- La obligación de contar con registros oficiales con datos mínimos de identificación.
- La coordinación efectiva entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR.
- La incorporación de las comisiones de atención a víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.
El Gobierno de México destacó que mantiene una política de cooperación permanente con organismos internacionales y regionales de derechos humanos, la cual ha sido reconocida por distintas instancias, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Finalmente, reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, siempre que esta se base en diagnósticos objetivos y actualizados, y reafirmó su compromiso absoluto con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de los procesos de búsqueda e identificación, así como la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias.