Niñas madres y silencios que violentan

Rosalía Guerrero Escudero

Muy probablemente, supiste de una tabla, que el año pasado, la Secretaría de Salud publicó con datos sobre los nacimientos registrados en México durante 2024, en los que mostraban los 30 casos más destacados, en los que las cifras eran devastadoras, por lo que generaron consternación en redes sociales y en la opinión pública: madres de apenas 10 años y diferencias de edad entre madres y padres que alcanzan hasta 75 años. Los comentarios de indignación, preocupación y enojo no tardaron en aparecer.

Sin embargo, más allá del impacto inicial, estos datos obligan a mirar una realidad estructural que durante años ha sido normalizada: los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas.

Para comprender este fenómeno, resulta fundamental la investigación de la maestra en Ciencias Sociales Gloria Contreras Jiménez, titulada Efectos psicosociales de los matrimonios y uniones infantiles tempranas forzadas en mujeres originarias de comunidades indígenas de Acaxochitlán, Hidalgo. Su trabajo no solo documenta la violencia, sino que propone una forma ética y crítica de investigarla, alejándose del juicio y de la estigmatización.

Desde una perspectiva decolonial, la investigación cuestiona cómo la otredad ha sido definida históricamente desde privilegios blancos, invisibilizando las violencias que viven mujeres racializadas. Analiza la percepción de la violencia sexual, pero también dialoga con la cultura, los usos y costumbres, sin romantizarlos ni utilizarlos como justificación. Al contrario, pone sobre la mesa las desigualdades interseccionales y señala cómo la omisión institucional perpetúa estas prácticas, revictimizando a quienes las padecen.

Uno de los aportes más relevantes del estudio es la revisión de la capacidad de agencia: la posibilidad que tienen las personas de decidir sobre su propio proyecto de vida. En contextos donde las niñas y adolescentes son forzadas a unirse o casarse, esta capacidad es sistemáticamente anulada. No obstante, la investigación también identifica formas de resistencia al orden patriarcal y androcentrista, y la posibilidad de resignificar la violencia vivida, no para normalizarla, sino para nombrarla y confrontarla.

Desde la perspectiva metodológica, las mujeres no son tratadas como objetos de estudio, sino como participantes. El simple acto de poder hablar de su experiencia les devuelve, en parte, la agencia que les fue arrebatada. En el caso de las niñeces y adolescencias, la diferencia radica en la experiencia de vida y la construcción de criterio, elementos que hacen aún más urgente su protección integral.

Esta investigación también apunta hacia el futuro: mejores políticas públicas. Programas estatales de prevención del embarazo, acompañados de los distintos actores de los tres niveles de gobierno, gestionados desde los derechos humanos, los gobiernos municipales como garantes del derecho a la sexualidad, las jurisdicciones sanitarias para la trnamisión de la educación sexual, los medios de comunicación, como las radios comunitarias como vías de creación de contenido, y familias que deben trabajar de manera articulada. Incluso se señala una verdad incómoda: iglesias y religiones que incurren en delitos cuando unen a menores de edad.

Los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas deben erradicarse. Ningún uso o costumbre puede justificar la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres indígenas. Frente a cifras que nos estremecen, la pregunta es inevitable: ¿seguiremos normalizando estas violencias o asumiremos, como sociedad, la responsabilidad de erradicarlas de raíz?