La respuesta mundial frente al Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) enfrenta importantes desafíos debido a la disminución del financiamiento internacional y al retroceso en materia de derechos humanos, advirtió el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) al presentar un informe especial durante la Conferencia Internacional sobre el Sida.
El organismo alertó que, de no adoptarse medidas urgentes, existe el riesgo de un resurgimiento de la epidemia.
Pese a que las nuevas infecciones y las muertes relacionadas con el sida se encuentran en sus niveles más bajos de las últimas tres décadas.
De acuerdo con el informe, durante 2025 alrededor de 1.2 millones de personas contrajeron el VIH y 570 mil fallecieron.
Por enfermedades relacionadas con el sida. Actualmente, cerca de 41 millones de personas viven con el virus en el mundo.
Sin embargo, casi nueve millones aún no tienen acceso al tratamiento antirretroviral.
Y aproximadamente la mitad de las niñas y niños con VIH continúan sin recibir atención médica.
Uno de los principales factores de preocupación es la reducción de los recursos destinados a combatir la enfermedad.
ONUSIDA informó que en 2025 el financiamiento internacional para programas de VIH en países de ingresos bajos.
Y medios disminuyó 18 por ciento, alcanzando su nivel más bajo en casi dos décadas.
El organismo explicó que esta reducción afecta especialmente a los programas de prevención y a las organizaciones comunitarias.
Que dependen de la cooperación internacional. En algunos países, incluso, los recursos destinados a la adquisición de preservativos disminuyeron más de 90 por ciento.
La directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, señaló que la etapa de depender de la ayuda internacional.
Ha llegado a su fin e hizo un llamado a reestructurar la deuda de los países con mayores afectaciones, particularmente en África.
Donde varias naciones financiaban más del 90 por ciento de su respuesta al VIH mediante asistencia oficial para el desarrollo.
El informe también destaca avances científicos en materia de prevención, entre ellos el desarrollo del lenacapavir.
Un medicamento inyectable de acción prolongada que se administra dos veces al año.
Gracias a un acuerdo reciente, se prevé que su costo disminuya a 40 dólares por persona al año en países de ingresos bajos a partir de 2027.
No obstante, ONUSIDA advirtió que el acceso a esta innovación continúa siendo desigual. Países como Brasil analizan mecanismos para facilitar la producción de versiones genéricas del medicamento, con el objetivo de ampliar su disponibilidad entre la población que lo requiere.
En materia de derechos humanos, el organismo expresó preocupación por el incremento de leyes que criminalizan a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Durante 2025 y 2026, algunos países aprobaron o endurecieron legislaciones contra las relaciones entre personas del mismo sexo, mientras que actualmente 168 países mantienen sanciones contra el trabajo sexual y 66 penalizan las relaciones homosexuales, condiciones que, según ONUSIDA, dificultan el acceso a los servicios de salud y aumentan la discriminación.
A pesar de este panorama, el informe resalta que existen avances significativos. Benín, Eswatini, Kenia, Lesoto, Nepal, Ruanda y Zimbabue lograron reducir casi 80 por ciento las nuevas infecciones por VIH desde 2010, mientras que 11 países alcanzaron las metas internacionales de tratamiento conocidas como 95-95-95.
Asimismo, en junio de 2026, 149 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una nueva Declaración Política sobre el VIH/Sida, que establece como metas para 2030 brindar tratamiento a 40 millones de personas y ofrecer estrategias de prevención antirretroviral a 20 millones.
ONUSIDA estima que el cumplimiento de estos compromisos permitiría evitar 3.2 millones de nuevas infecciones y 1.3 millones de muertes relacionadas con el sida antes de finalizar la década, por lo que hizo un llamado a los gobiernos a fortalecer la inversión, garantizar el acceso equitativo a los tratamientos y consolidar políticas públicas que permitan poner fin al sida como una amenaza para la salud pública.