Únicamente la Ciudad de México y recientemente Oaxaca, son los estados en donde se ha despenalizado el aborto inducido, muchos otros estados se encuentran en medio del debate y unos cuantos ni siquiera lo consideran como un tema en la agenda legislativa, la decisión está tomada desde hace décadas: es un delito, porque justo en medio de tal debate se ha colocado el derecho a la vida como principal argumento, de modo que tal razonamiento excluye por automaticidad todo lo demás. Solo que “todo lo demás” es una lista infinita de circunstancias personales de cada mujer, de condiciones sociales específicas de la población, así como de rasgos culturales, aspectos económicos, religiosos, políticos y de poder que inevitablemente deben ser valorados por los legisladores antes de emitir una resolución al respecto.
Dejando a un lado el derecho a la vida, que es en sí ya una razón irrefutable, pretendamos por un momento mostrar un par de realidades que son ineludibles cuando se habla de aborto; asentir o rechazar la legalización del mismo es un ejercicio personal que no debería interferir con la pertinencia de leyes que lo regularicen, es probable que esta ley sea imprescindible para quien por circunstancias determinadas opte por recurrir a dicho procedimiento sin que por ello se ponga en riesgo su prestigio y mucho menos su vida.
En primer lugar, etar a favor de la vida ignorando las condiciones socioeconómicas a las que está destinada esa vida supone un acto de doble discriminación, por una parte se condena a un niño a sobrevivir en medio de la escasez y por otra parte se condena a la madre a responsabilizarse de ese hijo, independientemente de la situación en su estatus civil; esta mujer puede ser casada, soltera, viuda, divorciada, menor de edad, profesionista o no, de origen étnico o con cualquier cualidad que la califique, pero siempre será, por el resto de su vida, la responsable del éxito/fracaso del hijo concebido, restándole importancia y responsabilidad al rol paterno quien decide participar o no en la crianza sin que se le condene socialmente con el mismo rigor con la que se evalúa el actuar de la mujer. Esto se debe a que históricamente a la mujer se le han asignado determinadas funciones, entre ellas y la más importante es la función reproductora-maternidad como principal objetivo de vida, la mujer debe abrazar esta idea independientemente de las circunstancias (si fue un embarazo no planeado, si su pareja le impedía control natal, si fue abandonada por el padre de su hijo, incluso si fue abusada sexualmente).
La despenalización del aborto supone colocar en manos de la mujer la decisión de responsabilizarse o no de un hijo, es decir, colocarla en el mismo peldaño en que se han sitiado los hombres al responsabilizarse o no en la paternidad efectiva, se trata de poner fin a las relaciones desiguales de poder entre el rol masculino y el rol femenino. Puede tratarse de un asunto de enfoque, de metas, de cultura o de mandato biológico o religioso, lo cierto es que en el tema del aborto, la mujer busca no solo decidir sobre su cuerpo y decidir si desea ser madre o no, en medio de la batalla se encuentra una lucha de asignación de roles, de violencia de género, de lucha de poderes y de la clara conciencia de que un hijo nacido no es necesariamente un hijo deseado. Los costos sociales y psicológicos en las mujeres que no deseaban ser madres y en la de los hijos no deseados se estiman como catastróficos. Por una parte la mujer coarta la posibilidad de mejorar su futuro y por otra parte se condena a los hijos a la crianza bajo la autoridad de otras figuras familiares como los abuelos, tíos o familiares cercanos, generando con ello posterior dificultad de adaptación social y de identificación familiar. Esto sin considerar la alta probabilidad de que los hijos se desenvuelvan en un ambiente de pobreza y la perpetúen de generación en generación ya que en México únicamente el 21.9% de la población es considerada no pobre y no vulnerable, lo que significa que el 78.1% de la población presenta una o más carencias esenciales para la vida, bajo tales circunstancias, la llegada de un nuevo miembro a la familia (que no debería ser accidental ni como resultado de un acto violento o de irresponsabilidad) tiene un impacto muchas veces irrecuperable en su estructura económica, educativa e incluso familiar y social, perpetuando así la permanencia de ese estado de pobreza generalizado.
En este sentido, el grado de complejidad del tema aborto se basa principalmente en que deseamos evaluarlo a partir de preceptos morales y religiosos y no desde la perspectiva objetiva-social que requiere el tema, y es que seguramente es difícil ser juez y parte, es difícil ser madre y apoyar a las mujeres que desean abortar, ser padre y aceptar que alguna de tus hijas puede recurrir con facilidad a este procedimiento, ser un médico que juró luchar por la vida y admitir que durante una fertilización asistida se seleccionan los productos viables y se desechan los embriones no idóneos cuyo procedimiento tiene alguna semejanza al aborto que no termina de legalizarse, ser madre de tres, cuatro o cinco hijos y tener que solventar todos sus gastos porque el padre simplemente se deshizo del compromiso sin que se le sancione moral ni socialmente, y cientos de incoherencias más que hace que el tema tenga cierto grado de dificultad moral, no legal.
El resultado es una afectación desigual sobre las mujeres que no ocurre hacia el género masculino y que de alguna manera sirve como control político: mientras las mujeres tengan hijos para criar, las oportunidades en el mundo de la economía, de la política, de la religión, de la política, de las finanzas, de los deportes, de la ciencia, etc. se reparten mejor entre los hombres. Los beneficios de la maternidad definitivamente, para quien domina el mundo, son asombrosos. Mientras, para la mujer que se reúsa a la maternidad mediante un aborto se le castiga, se le burla, se le somete a un espectáculo de crueldad, se duda de la veracidad de su palabra y se le encarcela.
La realidad es que el tema de la despenalización del aborto se encuentra rebasado por la universalidad del derecho a la vida, aunque sea universal y aunque sea un derecho, debido a esto es que el análisis de nuestros legisladores en el tema se encuentra inevitablemente en un estado de pausa indefinida, misma que se alarga gracias a las acciones erróneas y violentas de los grupos pro aborto quienes del modo menos conveniente han decidido expresar su malestar ante la falta de leyes que permitan el aborto como un proceso legal y democrático. Hoy es Oaxaca quien ha aprobado la legalización del aborto y es una fortuna que así lo sea, considerando que es un estado habitado por gran porcentaje de mujeres indígenas quienes jamás habían tenido la opción de elegir otra cosa más que la imposición de la maternidad. En Oaxaca, como señala la diputada Hilda Graciela Pérez Luis, “la maternidad será elegida o no será. Debe ser una decisión libre, no una obligación, ni una imposición social, moral o religiosa”. Habremos de esperar a que los legisladores del resto del país miren el asunto con una lupa objetiva, libre de moral, libre de religión, libre de machismo, libre de sus propias convicciones.
