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Presidente de Guatemala, proclama que Guatemala es la capital Provida de Iberoamérica, al aprobar ley anti aborto.
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Redacción, 10 de marzo.- Mientras el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei designó al país como la Capital Provida de Iberoamérica y su congreso aprobó por mayoría la Ley para la Protección de la Vida y la Familia o iniciativa 5272, la población manifestó su rechazo.
“Este es un gran día para celebrar porque Guatemala ha sido declarada Capital Pro Vida de Iberoamérica y es una invitación a unirnos para proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural en sus cinco etapas”, publicó el mandatario guatemalteco tras la aprobación de la nueva ley que también prohíbe el matrimonio igualitario.
Ante esa declaración, el procurador de los Derechos Humanos, Jordan Rodas, anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad, porque considera a esta nueva ley fuera de todo ordenamiento jurídico, además de que la calificó como discriminatoria.
“Es una vergüenza que en pleno 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Congreso les haya dado una puñalada a las mujeres en Guatemala. Un retroceso. Cuando el mundo se está abriendo, Guatemala está retrocediendo, limitando derechos y poniendo en riesgo a las mujeres”, señaló Rodas.
El profesor de Derechos Humanos, Oswaldo Samayoa, escribió que, de acuerdo con el texto aprobado por el Congreso de Guatemala, una persona no heterosexual es incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano. “Es decir, le están llamando anormal. Violación a los artículos 1, 4, 44 y 46 de la Constitución”.
“La aprobación va en camino contrario a lo que han hecho otros países en Latinoamérica, como Colombia, que el mes pasado amplió el acceso al aborto cuando la Corte Constitucional votó a favor de legalizar el procedimiento hasta la semana 24 de embarazo”, señaló la abogada feminista Stephanie Rodríguez
Recordó que, en septiembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en México, dictaminó que el aborto no es un delito y tipificarlo así es inconstitucional, al igual que castigarlo. Añadió que, en Argentina, en enero pasado, entró en vigor la ley que permite el aborto electivo hasta la semana 14 de embarazo, más allá de casos de violación o riesgos para la salud de la mujer.
“La norma fue aún más significativa porque el Papa Francisco es argentino”, resaltó y consideró que, al incrementar las penas de prisión, se abre la posibilidad de que estas mujeres sean investigadas penalmente si se interrumpe el embarazo de manera natural.
Por otro lado, organizaciones y defensores de derechos humanos criticaron esta norma que criminaliza a las mujeres que abortan, reduce los derechos humanos de las personas LGTB+ al prohibir el matrimonio igualitario e incluso interfiere con la educación infantil al eliminar que en los planes de estudios escolares se incluyan temas de educación y diversidad sexual.
¿Qué es la iniciativa 5272?
La propuesta legislativa fue avalada con 101 votos a favor de los oficialistas, 8 en contra y 51 ausencias. Con esta ley, se modifica el Código Penal para aumentar de tres a 10 años de prisión para las mujeres que se practiquen un aborto.
La iniciativa también castiga a médicos y a quienes faciliten la interrupción voluntaria del embarazo y aumenta a 50 años de cárcel si el aborto es realizado sin consentimiento y si la madre muere en el proceso, se considerará un delito con pena de 12 años de prisión.
Prohíbe expresamente los matrimonios entre personas del mismo sexo y que en las escuelas se enseñe a los alumnos “cualquier otra cosa que no sea que la heterosexualidad es lo normal”. La iniciativa fue presentada por primera vez en abril de 2017, por un grupo parlamentario autodenominado “provida”, pero hasta ahora pudieron aprobarla. Rodas prometió desafiarla y legisladores de oposición conminaron al presidente Giammattei a vetarla por inconstitucional.