Rosalía Guerrero Escudero
¿Puede una niña navegar por TikTok, YouTube o cualquier otra red social sin encontrarse con contenidos violentos, discursos de odio o imágenes que pongan en riesgo su bienestar? En una sociedad donde las plataformas digitales forman parte de la vida cotidiana, esta pregunta nos obliga a mirar más allá de las pantallas y preguntarnos quién asume la responsabilidad de proteger a las infancias en el entorno digital.
El 14 de octubre de 2026, el Diario Oficial de la Federación publicó el Decreto de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La medida establece obligaciones para las plataformas digitales y abre una discusión fundamental: la seguridad en internet no puede depender únicamente de las decisiones individuales de quienes lo utilizan ni de la vigilancia familiar.
Entre sus principales disposiciones está impedir el acceso, la exposición y la recomendación algorítmica de contenidos que promuevan discursos de odio, extremismo violento, abuso sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios y ciberacoso, entre otros materiales perjudiciales. También contempla mecanismos de verificación de edad, herramientas de supervisión para madres, padres y personas tutoras, configuraciones de seguridad desde el diseño y procedimientos accesibles para denunciar contenidos de riesgo.
Un punto especialmente relevante es la responsabilidad de las empresas tecnológicas. El decreto les exige mantener un contacto disponible las 24 horas para atender requerimientos de las autoridades, preservar evidencias y alertar de inmediato cuando identifiquen contenidos que atenten contra la vida. Además, establece un plazo de 30 días naturales, a partir de su entrada en vigor, para documentar e informar las medidas adoptadas.
Sin embargo, proteger a las infancias no consiste solamente en retirar publicaciones. También implica comprender cómo se construyen los entornos digitales, qué contenidos reciben mayor visibilidad y qué modelos de belleza, éxito, género o convivencia se reproducen en ellos.
Desde los estudios de la comunicación, Stuart Hall, en El espectáculo del “Otro”, explica que las representaciones culturales no son neutrales: pueden reproducir estereotipos y jerarquías, y convertir la diferencia en motivo de exclusión. Esta perspectiva permite ampliar la conversación sobre seguridad digital. No basta con preguntarnos si un contenido es explícitamente violento; también debemos examinar cómo las imágenes, los mensajes y los sistemas de recomendación pueden normalizar la discriminación, el racismo o la violencia de género.
La pregunta, entonces, no es únicamente qué deben evitar las niñas, los niños y adolescentes en internet, sino qué clase de espacios estamos construyendo para ellas y ellos. Una perspectiva de género exige prestar atención a las formas específicas de violencia que afectan a niñas y adolescentes, sin olvidar que las experiencias de discriminación también están atravesadas por la racialización y otras desigualdades.
El decreto contempla, además, el acompañamiento psicológico mediante la Línea de la Vida (800-911-2000) y la difusión de materiales educativos sobre emociones y uso consciente de las redes sociales. Estas medidas son importantes, pero su alcance dependerá de su aplicación efectiva, de la coordinación institucional y de la transparencia de las plataformas.
La disposición también prevé el seguimiento de su cumplimiento y la posibilidad de impulsar una ley con sanciones si las empresas incumplen. El desafío será convertir las obligaciones escritas en protecciones verificables.
Porque una infancia segura en internet no se construye desconectando a las nuevas generaciones del mundo digital, sino garantizando que puedan habitarlo con derechos, autonomía y dignidad. La tecnología debe estar al servicio de la vida, no ponerla en riesgo.