El retiro de al menos 30 piezas del Museo Nacional de Colombia, ubicado en Bogotá, generó una controversia sobre la preservación de la memoria histórica, la libertad de expresión y la autonomía de las instituciones culturales.
Entre los objetos retirados de exhibición se encuentran materiales vinculados con los derechos de las mujeres.
La diversidad sexual, las víctimas de la violencia política y el proceso de paz firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La decisión provocó la reacción de seis museos de arte moderno, que emitieron un pronunciamiento conjunto.
En el que expresaron su preocupación por lo que consideran una medida motivada por criterios ideológicos.
Asimismo, solicitaron a la ministra de Cultura, Paola Holguín, garantizar la autonomía de los recintos y promover una revisión pública de las acciones implementadas.
Entre las piezas retiradas figuran una bandera del orgullo perteneciente a la activista Elizabeth Castillo.
Un afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, asesinado en 1990, y el denominado “Balígrafo”.
Además una pluma elaborada a partir de una bala que fue utilizada para firmar el acuerdo de paz con las FARC.
La polémica se desarrolla en el contexto de la llamada “contrarrevolución cultural”, impulsada por el presidente Abelardo de la Espriella.
Quien ordenó retirar de espacios públicos representaciones que considera una apología del terrorismo.
Incluidas algunas relacionadas con Carlos Pizarro, excomandante del M-19 y firmante de paz, asesinado durante su campaña presidencial en 1990.
Por su parte, la ministra de Cultura defendió las medidas al señalar que los museos no deben convertirse en instrumentos.
De “adoctrinamiento político” ni difundir interpretaciones sesgadas de la historia.
También informó que los contenidos y la organización de las exposiciones se encuentran en un proceso de evaluación y rediseño.
En contraste, los museos firmantes del pronunciamiento sostuvieron que cualquier modificación.
De una exposición debe sustentarse en investigaciones, argumentos profesionales y la participación de las comunidades representadas.
Advirtieron que retirar objetos por afinidades políticas puede limitar la comprensión de los procesos históricos y excluir perspectivas relevantes, incluso aquellas relacionadas con episodios complejos o controvertidos del pasado.
“Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas, ni imponer una versión que suprima las demás”, señalaron en el comunicado conjunto.
La declaración fue suscrita por instituciones de arte moderno de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín y Tolima, además del Museo Rayo, ubicado en Roldanillo.
La inconformidad también se manifestó en las calles. El sábado 17 de octubre, un grupo de manifestantes colocó reproducciones de las piezas retiradas frente al museo, como una acción simbólica para defender la presencia de distintas memorias y perspectivas históricas en los espacios culturales.
El caso abrió una discusión sobre el papel de los museos en la construcción de la memoria colectiva y los límites de la intervención gubernamental en las exposiciones, así como sobre la importancia de preservar espacios de diálogo que permitan a la sociedad conocer y reflexionar sobre las distintas etapas de su historia.