La detención de Luisa González, excandidata presidencial y figura de la oposición ecuatoriana, generó cuestionamientos por parte de su partido, Revolución Ciudadana, cuyos integrantes denunciaron que la política permanecía incomunicada y aislada, sin que su equipo jurídico pudiera establecer contacto con ella durante las horas posteriores a su arresto.
Francisco Estarellas, vicepresidente de Revolución Ciudadana, señaló que tanto los abogados de González.
Como representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos habrían enfrentado obstáculos.
Para acceder a ella, situación que, afirmó, ha generado incertidumbre entre sus colaboradores.
“No hemos podido conversar, incluso no han dejado pasar a gente de los DDHH, el abogado por lo que tengo entendido.
No ha podido acceder, y así estamos con una incertidumbre”, declaró Estarellas.
González se ha consolidado como una de las principales figuras opositoras al gobierno del presidente Daniel Noboa.
Tras los acontecimientos, la excandidata cuestionó las acciones de la administración ecuatoriana.
Y acusó al Ejecutivo de emprender una persecución contra quienes mantienen posiciones críticas.
En un comunicado atribuido a González, la política sostuvo que el país enfrenta una situación de deterioro económico.
Y de seguridad, además de restricciones a las libertades y presuntos actos de persecución política.
Oposición acusa presunta persecución política
La detención también reavivó las críticas de Revolución Ciudadana respecto a los procesos judiciales que involucran a integrantes de la organización política.
Luisa González enfrenta señalamientos relacionados con presuntos recursos irregulares destinados a su campaña electoral. Sin embargo, representantes de su partido sostienen que un procedimiento anterior relacionado con el caso ya había sido resuelto por las autoridades electorales.
Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana, cuestionó la reapertura del asunto y señaló que la multa económica impuesta previamente por el Tribunal Contencioso Electoral había sido cubierta en su totalidad por los involucrados.
La dirigente también criticó las acciones contra integrantes de su organización, al considerar que podrían formar parte de una estrategia para limitar la participación de la oposición. Estas declaraciones corresponden a la postura del partido y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre las motivaciones de las autoridades.
A este escenario se suma la situación electoral de Revolución Ciudadana, que, de acuerdo con la información difundida, enfrenta restricciones para participar en los comicios locales previstos para las próximas semanas.
El caso de González se suma al clima de confrontación entre el gobierno de Daniel Noboa y sus opositores políticos, en medio de cuestionamientos sobre las garantías judiciales, el respeto a los derechos humanos y las condiciones para la participación política en Ecuador.