Rosalía Guerrero Escudero
Cuando hablamos de erradicar la violencia de género, solemos decir que es responsabilidad de toda la sociedad. Y es cierto. Pero hay un actor que no puede quedarse atrás ni ser ambiguo: el gobierno. Las instituciones públicas no solo administran recursos, también envían mensajes simbólicos sobre lo que se tolera y lo que no.
Colocar en cargos directivos a personas con denuncias por acoso u hostigamiento sexual, con antecedentes de conductas misóginas y sin reparación del daño, es un retroceso profundo. Más aún cuando se trata de espacios estratégicos como los medios públicos, que influyen en la cultura, el discurso social y la formación de opinión. Nombramientos de este tipo no son decisiones aisladas: son señales políticas.
Para romper con el pacto patriarcal desde el organigrama, los gobiernos deben implementar una estructura transversal con perspectiva de género. Esto significa que la igualdad no puede quedar confinada a un instituto o una oficina especializada; debe permear todas las áreas, desde la toma de decisiones hasta la comunicación institucional. Las políticas públicas deben atender las causas de la violencia, garantizar sanciones y asegurar la reparación del daño.
El problema es que muchas veces las dinámicas de poder operan en sentido contrario. Las instituciones pueden convertirse en escudos que encubren conductas abusivas, “desapareciendo” denuncias o minimizándolas como “rumores” o “radiopasillo”. Esta normalización se sostiene en una idea peligrosa de masculinidad asociada al poder, donde ciertas conductas se trivializan.
Las consecuencias de colocar a agresores en puestos de autoridad son graves. Primero, se normaliza la violencia: el mensaje es que el acoso no tiene consecuencias reales. Segundo, se genera un clima laboral de miedo. Las víctimas difícilmente denuncian si su agresor ocupa un cargo superior. Esto deriva en entornos tóxicos, desconfianza y silencios forzados.
También hay un daño institucional. La ciudadanía pierde confianza cuando percibe que las estructuras protegen a los agresores en lugar de a las víctimas. La justicia se vuelve un discurso vacío. Además, el impacto en la salud mental de las personas trabajadoras es profundo, el acoso laboral y sexual se asocia con ansiedad, depresión y estrés postraumático, lo que afecta también la productividad y el bienestar colectivo.
Por si fuera poco, la presencia de agresores en la toma de decisiones bloquea cualquier avance en políticas de igualdad. No se puede combatir la violencia de género desde una estructura que la reproduce.
Diversas organizaciones feministas han señalado estos riesgos en posicionamientos públicos recientes, recordando que marcos como la Ley 3 de 3 existen precisamente para evitar que personas con antecedentes de violencia ocupen cargos de poder. Por ello, #RECHAZAMOS, el nombramiento de CARLOS BARRA MOULIAN, nuevo titular de Radio y Televisión de Hidalgo.
Romper el pacto patriarcal no es un eslogan, es una decisión política concreta que empieza por quiénes ocupan los espacios de autoridad, por ello, exigimos compromiso real con la justicia.