El presidente del Gobierno asegura que el Ejecutivo trabaja “a contrarreloj” para aprobar el próximo martes el real decreto de vivienda, mientras las movilizaciones por el caso de una mujer de 87 años mantienen la presión sobre el Gobierno.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó este domingo que el Ejecutivo trabaja para llevar el próximo martes al Consejo de Ministros el nuevo real decreto de vivienda, en un momento marcado por las protestas provocadas por el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba alrededor de siete décadas viviendo en su domicilio de Madrid.
Durante un acto del PSOE celebrado en Getafe, Sánchez se dirigió directamente a la mujer y aseguró que el Gobierno está trabajando “a contrarreloj” para presentar la norma. Al mismo tiempo, reclamó a los grupos parlamentarios un último esfuerzo para conseguir que el decreto sea posteriormente convalidado por el Congreso.
El anuncio se produce mientras continúan las movilizaciones en Madrid. Desde el sábado, varios cientos de personas permanecen acampadas en la Puerta del Sol para reclamar medidas que refuercen la protección de los inquilinos y eviten situaciones similares a la vivida por Maricarmen.
El caso de Maricarmen pone el foco en la protección frente a los desahucios
La situación de Maricarmen se ha convertido en uno de los principales detonantes de las protestas. La mujer fue desalojada de la vivienda del distrito madrileño de Retiro en la que había residido durante décadas.
El inmueble había sido adquirido por una empresa que planteó elevar sustancialmente la renta que pagaba la inquilina. Según la información publicada sobre el caso, Maricarmen abonaba unos 500 euros mensuales y la propiedad reclamaba un alquiler de 2.650 euros.
El desahucio provocó una fuerte reacción entre organizaciones de inquilinos, colectivos sociales y representantes políticos. Sumar ha reclamado al Gobierno que estudie incluso la expropiación de la vivienda para permitir que la mujer pueda regresar a ella, una propuesta que desde el sector socialista del Ejecutivo se ha cuestionado por sus dificultades jurídicas.
Presión social para que el decreto incluya medidas contra los desahucios
El anuncio de Sánchez llega después de una semana de creciente movilización en torno a la vivienda.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid convocó el sábado una manifestación que recorrió el centro de la capital y concluyó en las inmediaciones del Congreso. Posteriormente, parte de los participantes decidió permanecer en la Puerta del Sol e instalar un campamento para mantener la presión hasta la celebración del Consejo de Ministros
Entre las demandas de las organizaciones se encuentran una mayor protección para las personas vulnerables sin alternativa habitacional, la regulación de determinadas modalidades de alquiler y medidas para limitar los desahucios.
EH Bildu también ha reclamado que el futuro decreto establezca una protección permanente para las personas vulnerables que no dispongan de una alternativa habitacional. La formación ha planteado además regular los alquileres de temporada y garantizar una mayor estabilidad de los contratos.
El Gobierno negocia para conseguir los apoyos parlamentarios
El principal desafío para el Ejecutivo no será únicamente aprobar el texto en el Consejo de Ministros, sino conseguir posteriormente los votos necesarios para su convalidación parlamentaria.
El decreto había quedado pendiente después de que el Gobierno aplazara su aprobación prevista inicialmente para julio ante la falta de apoyos suficientes en el Congreso. Durante los últimos días se han mantenido negociaciones con diferentes grupos, entre ellos Junts, para intentar alcanzar un acuerdo.
Entre las propuestas que se han puesto sobre la mesa figuran medidas relacionadas con los propietarios de viviendas, incentivos fiscales y actuaciones frente a determinadas formas de especulación inmobiliaria. El contenido definitivo del decreto todavía está sujeto a las negociaciones entre las distintas fuerzas políticas.
Sumar reclama un decreto ambicioso
Los socios de Gobierno han incrementado también la presión para que la nueva norma incorpore medidas de mayor alcance.
Desde Sumar se han planteado, entre otras iniciativas, la prórroga de determinados contratos de alquiler, mecanismos de protección frente a los desahucios de familias vulnerables y regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones. La formación también ha defendido actuaciones sobre viviendas propiedad de grandes tenedores y fondos de inversión.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha señalado que el decreto no se limitará a modificar la normativa sobre desahucios, sino que pretende introducir cambios estructurales relacionados con distintos problemas del mercado residencial. Entre ellos ha mencionado las dificultades que encuentran los estudiantes para acceder a una vivienda en las ciudades donde cursan sus estudios.
Sánchez pide un último esfuerzo a los grupos parlamentarios
Ante este escenario, Sánchez ha pedido a las formaciones políticas que faciliten la aprobación de la norma.
El presidente ha presentado la cuestión de la vivienda como un problema que, a su juicio, trasciende el debate ideológico y ha vinculado directamente el futuro decreto con la situación de Maricarmen.
La próxima cita será el martes 29 de septiembre, cuando el Consejo de Ministros podría aprobar el real decreto. Después, el texto tendrá que superar el trámite parlamentario correspondiente para mantenerse vigente.
Mientras tanto, la acampada de la Puerta del Sol continúa y las organizaciones convocantes mantienen la presión para que el Gobierno no reduzca el alcance de las medidas durante las negociaciones.