La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en su totalidad el Decreto por el que se expidió la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, publicado el 3 de junio de 2021, argumentando violaciones graves al procedimiento legislativo.
Por mayoría calificada de 8 votos contra 3, el Pleno determinó que al aprobarse dicha norma, se transgredieron los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, particularmente los principios que se refieren a la deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a las minorías parlamentarias, ya que el dictamen de dicha norma no se entregó en los tiempos marcados por la ley para conocimiento de los legisladores.
Por violaciones al procedimiento legislativo #LaCorte invalidó la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad publicada en 2021
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— Suprema Corte (@SCJN) June 8, 2023
Las violaciones al procedimiento legislativo que 8 de los 11 ministros de la Suprema Corte vieron en la norma invalidada son la violación del derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso de la Unión en condiciones de libertad e igualdad, ya que no se permitió tanto a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública.
Además, la Corte resolvió que el procedimiento deliberativo no culminó con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas; ya que se celebraron sesiones simultáneas de las comisiones y el Pleno del Senado, provocando que al menos un senador fuera privado de su derecho al voto.
Por lo anterior, también se acusa al Poder Legislativo de realizar votaciones parlamentarias sin el conocimiento oportuno e informado de los respectivos dictámenes.
Asimismo, al responder a la controversia constitucional sobre este tema, no fueron exhibidas, ni localizadas las actas que respaldan la certeza y transparencia de las sesiones de las Comisiones Unidas que dictaminaron la iniciativa del proyecto de decreto en la Cámara de Senadores, afectando así la condición de publicidad del proceso legislativo.
Durante la discusión y aprobación de esta sentencia, la mayoría calificada de la Suprema Corte advirtió que el procedimiento legislativo definido en la Carta Magna “es la base del régimen democrático y no un mero formalismo”, por lo que el Senado de la República y la Cámara de Diputados están obligados a observar y proteger los principios de legalidad, representatividad y democracia deliberativa.
