La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó y envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, con el objetivo de homologar en todo el país los mecanismos de investigación, fortalecer la atención a las víctimas y garantizar la cero impunidad en este delito.
Durante la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo, la mandataria señaló que la nueva legislación.
Busca asegurar que todas las fiscalías del país investiguen los casos de feminicidio bajo los mismos criterios.
Evitando que estos sean clasificados de manera incorrecta y fortaleciendo la procuración de justicia.
Sheinbaum Pardo subrayó que la erradicación del feminicidio requiere acciones de prevención, educación y promoción.
De la igualdad entre mujeres y hombres, así como un combate frontal a la impunidad.
Asimismo, destacó que, como la primera mujer en ocupar la Presidencia de la República.
Asumió el compromiso de proteger los derechos de las mujeres, impulsando reformas constitucionales.
Para reconocer la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencia y la eliminación de la brecha salarial.
La titular del Ejecutivo informó que el delito de feminicidio registra una disminución del 36 por ciento en comparación con 2021.
Sin embargo, reiteró que la meta es erradicar por completo este crimen en el país.
La iniciativa establece una definición única del delito de feminicidio al señalar que lo comete quien prive de la vida a una mujer por razones de género.
Además, incorpora diez circunstancias para acreditar este delito, entre ellas antecedentes de violencia, violencia sexual, estereotipos de género y relaciones de poder.
También contempla sanciones de 50 a 70 años de prisión, así como 19 agravantes que incrementan la pena».
«Cuando las víctimas sean mujeres embarazadas, con discapacidad, periodistas, defensoras de derechos humanos».
«Migrantes o cuando el responsable sea una persona servidora pública, entre otros supuestos.
La propuesta prevé que las personas responsables pierdan derechos sucesorios, la patria potestad, la tutela, guarda y custodia.
Además de ser destituidas e inhabilitadas para ocupar cargos públicos.
Asimismo, establece que el delito de feminicidio será imprescriptible y no podrán aplicarse beneficios como amnistías, reducción de penas o criterios de oportunidad.
La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán.
Explicó que la iniciativa fortalece la investigación con perspectiva de género, debida diligencia reforzada.
Análisis de contexto, preservación de evidencias y coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
La ley también garantiza que las fiscalías especializadas acompañen los casos durante todas las etapas del proceso penal.
Y reconoce el derecho de las víctimas y sus familias a una reparación integral del daño.
Por su parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar.
Destacó que la iniciativa fortalece los derechos de las víctimas mediante el acceso a la verdad y la justicia, atención médica.
Y psicológica especializada, asesoría jurídica gratuita, apoyo integral para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.
Además, contempla la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio.
La actualización permanente de los registros nacionales de feminicidios, campañas de prevención, grupos técnicos de apoyo.
Y la implementación de Planes Integrales de Protección para víctimas sobrevivientes.
Finalmente, se informó que el Gobierno de México mantiene una red nacional de atención conformada por mil Centros LIBRES, 85 Centros de Justicia para las Mujeres, 99 espacios de refugio, la línea de atención 079, opción 1, y una red de mil 200 abogadas especializadas para brindar acompañamiento y acceso a la justicia a mujeres en todo el país.