Sin propuestas, Paco Olvera arranca campaña; dice que no tiene denuncias por deuda al ISSSTE

Sin propuestas, José Francisco Olvera Ruiz, aspirante a la diputación federal por el distrito 06, con cabecera en Pachuca por la alianza “Fuerza y Corazón por México” arrancó campaña esta mañana en la capital hidalguense, en donde una de sus primeras declaraciones fue que no hay denuncias en su contra por una supuesta deuda al ISSSTE de 5 mil millones de pesos, durante su administración como gobernador del 2011 al 2016.

Fue después de las 10 de la mañana de este viernes, cuando el abanderado de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) llegó a la plancha del Reloj Monumental de la bella airosa, en donde ya lo esperaba un grupo reducido de simpatizantes y demás personajes políticos.

En su discurso, el ex gobernador del estado criticó la administración federal de Morena, debido a que, señaló, hay una gran cantidad de personas pobres.

“No se trata de mantener pobres a los pobres, el verdadero desarrollo es sacarlos de la pobreza”, aseguró.

Además, recriminó la cancelación del aeropuerto de Texcoco y criticó el alto costo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), mismo que según dijo, no sirve”

“¿Cuánto dinero costó cancelar el aeropuerto de Texcoco? ¿cuánto costó el Aeropuerto Felipe Ángeles? Muchos miles de pesos”, aseguró.

Tras varios minutos de un discurso que se centró en criticar lo hecho por Morena en seis años, culminaron sus palabras. Posteriormente, en entrevista se le preguntó sobre sus propuestos y aseguró que sí llega a San Lázaro ayudará a que lleguen recursos al estado.

“Hay la experiencia de discutir en la cámara de diputados y hacer que en aquellos rubros en los que Hidalgo tiene eficiencias bajen recursos, de infraestructura, para mejorar salud, se ha descuidado las policías municipales”, dijo.

Sobre los señalamientos de una supuesta deuda de 5 mil millones de pesos al ISSSTE, Olvera Ruiz aseguró que no hay denuncias. Además, de que su equipo jurídico valora solicitar un juicio de amparo para buscar la protección, ante una posible orden de aprehensión.

“No hay ninguna denuncia ha habido señalamientos. Sí yo tuviera alguna preocupación no estuviera aquí, si buscara impunidad ya me hubiera ido a Morena”, reiteró.

Hace unas semanas la Secretaría de Contraloría reveló que, durante la administración del ex gobernador F.O.R, el Instituto Hidalguense de Educación (IHE), acumuló una deuda millonaria con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Los adeudos, que ascienden a la suma de cinco mil millones de pesos, corresponden a la omisión de pagos de cuotas y aportaciones por seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez durante los primeros cuatro años de su mandato, de 2011 a 2014.

Lo anterior tiene consecuencias para miles de trabajadores de la educación, ya que afecta su seguridad social y genera un impacto negativo en la capacidad del ISSSTE para proporcionar servicios médicos, prestaciones y pensiones. Este incumplimiento trajo como resultado un déficit financiero significativo que compromete el bienestar de la población beneficiaria.

A pesar de que la Ley del ISSSTE establece claramente la obligación de las dependencias y entidades de enterar las cuotas y aportaciones bimestralmente, la administración de F.O.R no realizó los pagos correspondientes. Esto no sólo contraviene la normativa, sino que también podría conllevar consecuencias legales para los responsables.

La legislación establece que los titulares de las dependencias y entidades, así como sus oficiales mayores o equivalentes, son responsables de los actos y omisiones que perjudiquen a la institución para la que trabajan. Esta responsabilidad no se limita al ámbito civil o administrativo, también podría desencadenar procesos penales.

Ante esto, las autoridades correspondientes iniciaron las indagatorias necesarias para determinar qué servidores públicos pudieron haber cometido estos actos, a fin de que se tomen las medidas pertinentes para asegurar la rendición de cuentas y la justicia social en este caso.