Pagos de indemnizaciones no comprobados, servicios contratados y gastos ejecutados, pero no aclarados, son solo algunas de las observaciones que el municipio de Tula de Allende debe subsanar por un monto total de 22 millones 379 mil 70.9 pesos.
El jueves pasado el titular de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), Jorge Valverde Islas presentó la segunda entrega de la cuenta pública 2023 al Congreso local e informó que Tula de Allende fue el municipio más observado.
Al hacer una revisión al informe individual se constató que los montos observados por el ente fiscalizador son correspondientes a la partida de Energía eléctrica DAP (derecho de alumbrado público); en la que se detectó la falta de documentación comprobatoria, ya que la entidad no presenta la información que soporte la erogación del gasto por un importe de 5 millones 31 mil 140.47 pesos.
Así como de gastos de orden social y cultural en la que el ayuntamiento no logró explicar el destino de 4 millones 555 mil 181.32 pesos, así como el pago de Indemnizaciones por un millón 288 mil 394.22 y la adquisición de vehículos y equipo terrestre por 4 millones 992 mil pesos; además de otros arrendamientos por un millón 428 mil 894 pesos con 96 pesos
Otros de las observaciones son por servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado por 403 mil 174.62 pesos, servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas por 316 mil 101.24 pesos; servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado por 403 mil 174.62 pesos; subsidios a organizaciones por 300 mil 386 pesos, adquisición de equipos por 377 mil 796.34 pesos y el pago de energía eléctrica por 636 mil 111.26 pesos.
Otras de los pagos no comprobados son por el arrendamiento de equipo de transporte por 48 mil 720 pesos; rotulación, imprenta, fotocopiado e impresión por 140 mil 992.2 pesos; fletes y maniobras por 60 mil 320 pesos; conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones del municipio por 73 mil 755 pesos, así como el servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet por 88 mil 333.34 pesos.
También fueron observados el apoyo al deporte por un millón 59 mil 161 pesos, ayudas sociales a instituciones por 39 mil 898 pesos, ayudas sociales a actividades científicas o académicas 11 mil 600, adefas 49 mil 948 pesos; la compra de material de oficina por 87 mil 990 pesos, material de limpieza por14 mil 152 pesos, productos minerales por14 mil 906 pesos, material eléctrico y electrónico por 659 mil 027.63.
Así como la compra de equipo de cómputo y de tecnología por 24 mil 971.32, materiales y artículos de construcción y reparación por 30 mil 676.94, productos Químicos por 18 mil 40 pesos, equipos y aparatos audiovisuales 39 mil y apoyo a comunidades por 29 mil 59 pesos.
Ante estas observaciones, el ayuntamiento tiene 20 días para presentar la documentación para subsanar las posibles anomalías que podrían derivar en una denuncia penal, no contra la presente administración sino contra los exfuncionarios municipales.
Cabe señalar que el exalcalde Raúl B. se encuentra procesado por daño al erario de Tula.
