La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a cuatro personas y 11 empresas a su Lista de Personas Bloqueadas, ante indicios de su presunta participación en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el Cártel del Noreste.
De acuerdo con la dependencia, la medida se tomó luego de analizar las operaciones financieras de las personas y empresas señaladas.
En las que se identificaron posibles movimientos de recursos de procedencia ilícita.
Incluidos depósitos y transferencias nacionales e internacionales, así como la adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.
La UIF informó que, como parte de las investigaciones, también detectó una presunta red de empresas vinculadas.
Con los sectores de la construcción, los servicios financieros y la industria ecuestre, cuyas actividades habrían sido utilizadas para movilizar recursos de origen ilícito.
Entre los principales hallazgos se encuentran operaciones financieras atípicas, movimientos de dinero.
Que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades mercantiles con actividad económica limitada o nula.
Según la dependencia, estos elementos podrían apuntar al uso de estructuras corporativas para ocultar el origen y facilitar el movimiento de recursos presuntamente ilícitos.
La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas tiene carácter administrativo y busca impedir que los recursos financieros identificados.
Continúen operando dentro del sistema financiero, conforme a las disposiciones aplicables.
La UIF precisó que esta medida no constituye una determinación definitiva de responsabilidad penal o administrativa.
Para las personas y empresas involucradas, por lo que deberán respetarse los procedimientos correspondientes.
La decisión se produce después de que el Cártel del Noreste fuera sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Organismo dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el marco de las acciones contra las estructuras financieras vinculadas con organizaciones criminales.
Con estas acciones, las autoridades financieras buscan detectar operaciones sospechosas, obstaculizar el flujo de recursos de procedencia ilícita y fortalecer los mecanismos de prevención y combate al lavado de dinero.