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Centroamérica enfrenta crisis de desapariciones de menores, con impacto en niñas y adolescentes
La región de Centroamérica enfrenta una crisis creciente de desapariciones de menores de edad que impacta de manera desproporcionada a niñas y adolescentes, en un contexto marcado por sistemas de alerta y respuesta institucional desiguales entre países.
De acuerdo con reportes de organismos internacionales y bases de datos nacionales, el fenómeno se caracteriza por brechas informativas, deficiencias legales y limitaciones operativas persistentes. La mayoría de los casos corresponde a adolescentes de entre 13 y 17 años, considerados el grupo más vulnerable.
Datos de Interpol señalan que se mantienen activas alrededor de 1,352 notificaciones amarillas.
Por desaparición de menores en la región de las Américas, de las cuales 788 corresponden a países centroamericanos.
Si bien la prevalencia es similar entre niñas y niños a nivel general, el análisis por país muestra variaciones significativas.
Honduras encabeza el número de casos con 508 reportes de menores desaparecidos, seguido de Guatemala con 249.
En menor medida se registran casos en El Salvador, Panamá, Costa Rica y Nicaragua, aunque con particularidades en cada contexto nacional.
En Guatemala, el Sistema de Alerta Alba-Keneth se posiciona como un modelo regional de búsqueda inmediata de menores desaparecidos.
Desde su implementación en 2010, ha permitido la localización de más de 85 mil niñas, niños y adolescentes.
Tan solo en 2024 se activaron 6,970 alertas, con más de cinco mil casos resueltos. El grupo más afectado corresponde a adolescentes de entre 13 y 15 años.
En Costa Rica, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó 2,204 denuncias de menores no localizados durante 2025, con un incremento sostenido desde 2020.
El 89% de los casos corresponde a mujeres adolescentes, particularmente entre los 15 y 16 años, lo que evidencia una tendencia de mayor vulnerabilidad en este sector.
Por su parte, en Panamá, autoridades reportan la desaparición de un menor cada siete horas.
El sistema de Alerta AMBER ha mostrado una efectividad superior al 90%, aunque persisten casos bajo investigación.
La creación de unidades especializadas responde a la necesidad de atender desapariciones emblemáticas que continúan sin resolverse.
En contraste, Nicaragua presenta un escenario de baja transparencia, con datos fragmentados y escasa información oficial.
Organizaciones de derechos humanos han documentado al menos 200 desapariciones entre 2021 y 2023.
Mientras que la mayoría de los casos reportados en años recientes corresponde a niñas, muchas de ellas vinculadas a contextos de violencia sexual.
En Honduras, factores como la migración, la pobreza y el crimen organizado agravan la problemática.
Las cifras oficiales muestran inconsistencias entre instituciones, mientras que el reclutamiento forzado y la violencia estructural figuran entre las principales causas de desaparición.
En El Salvador, las desapariciones de menores mantienen una estrecha relación con la violencia sexual.
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) ha documentado que más de la mitad de los casos atendidos corresponden a personas menores de 19 años.
A nivel internacional, operativos como la Operación Eclipse, coordinada por Interpol entre 2025 y 2026.
Han permitido el rescate de decenas de menores víctimas de explotación sexual, en su mayoría niñas, así como la detención de presuntos responsables.
Especialistas coinciden en que la crisis está vinculada a factores estructurales como la pobreza, el desplazamiento forzado.
Y el control territorial de grupos criminales, lo que incrementa la vulnerabilidad de la niñez y adolescencia en la región.
Finalmente, organismos internacionales y defensores de derechos humanos subrayan la necesidad de fortalecer los marcos legales.
Consolidar registros centralizados, mejorar la coordinación institucional y desarrollar estrategias preventivas que atiendan las causas de fondo de esta problemática.
