Cristóbal Montoro y su despacho niegan pagos ilícitos a funcionarios recurriendo el caso

La investigación que lleva siete años persiguiendo al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y su despacho Equipo Económico ha dado un nuevo giro con la presentación de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Tarragona, mientras salen a la luz nuevos detalles de pagos fraudulentos.

Equipo Económico, el despacho fundado por Montoro tras su primera etapa ministerial, ha decidido plantar cara judicial a la investigación que lo señala como el centro de una supuesta trama de favores fiscales.

En un comunicado público, la firma niega categóricamente haber pagado «dádiva, comisión o retribución ilícita a funcionario o autoridad alguna» y denuncia las «graves irregularidades advertidas en la causa desde su inicio».

La consultora argumenta que los cambios normativos investigados fueron aprobados siguiendo todos los trámites parlamentarios exigidos, con debate y enmiendas en las Cortes Generales, y que estaban amparados por la legislación comunitaria. Además, subrayan que estas modificaciones no han sido cuestionadas en cuanto a su validez y constitucionalidad en los años transcurridos desde su aprobación.

Una red de influencias millonaria

El titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona, Rubén Rus, ha imputado al exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, por presuntamente aprovecharse de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas gasísticas que eran clientes del despacho de abogados.

La investigación, que afecta a 28 personas y seis mercantiles, se centra en el supuesto aprovechamiento del cargo ministerial de Montoro para impulsar modificaciones legislativas que favorecieron a empresas gasistas clientes de Equipo Económico. Los agentes inciden en que la intermediación de Equipo Económico fue determinante para las modificaciones legales y en que su «capacidad de influencia» venía determinada por la cercanía al entonces ministro de Hacienda. Los delitos investigados incluyen cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación y tráfico de influencias, según ha trascendido de la causa judicial.

Los pagos de las comunidades autónomas

Uno de los aspectos más llamativos del caso son los millonarios pagos que Equipo Económico recibió de diversas administraciones públicas durante el periodo investigado (2008-2019).

Galicia: 172.838 euros sin justificar

La Agencia Tributaria ha documentado que el despacho declaró ingresos por 172.838 euros procedentes de la Xunta de Galicia entre 2008 y 2019, un periodo que coincide con gran parte del mandato de Alberto Núñez Feijóo como presidente autonómico. Desde la Consellería de Facenda explican que se trataba de «distintos contratos realizados entre los años 2009 y 2011, correspondientes a la prestación de servicios para la elaboración de informes en materia financiero-fiscal relacionadas con las finanzas autonómicas».

Sin embargo, llama la atención que esta cantidad no aparece como imputada por la Xunta en el documento tributario, lo que podría indicar que el órgano público no informó correctamente al fisco de este importe.

Canarias: 97.500 euros por el régimen fiscal especial

La Comunidad Autónoma de Canarias abonó 97.500 euros a Equipo Económico en el mismo periodo. En este caso, la cantidad sí aparece reflejada como un ingreso imputado por el gobierno autonómico.

Las referencias a Canarias son abundantes en la investigación, dado que las modificaciones tributarias preparadas en esos años afectaban directamente al Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Madrid: 314.360 euros más Madrid Network

La Comunidad de Madrid figura con pagos por 314.360 euros a la consultora en el mismo periodo temporal. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sospecha que estos pagos podrían proceder de la Consejería de Economía y Hacienda, entonces dirigida por Antonio Beteta.

Paralelamente, los investigadores han identificado que Equipo Económico recibió 1,8 millones de euros de Madrid Network, empresa presidida por el propio Beteta entre 2008 y 2011. Los contratos incluían servicios de asesoramiento estratégico de I+D+i por 547.520 euros anuales y servicios de información por 125.280 euros anuales.

La relación contractual se rompió tras el abandono de Beteta de la presidencia de Madrid Network en enero de 2011, cuando asumió la secretaría de Estado para las Administraciones Públicas bajo la tutela de Montoro en diciembre de ese mismo año.

Siete años de investigación y el futuro del caso

El despacho denuncia también la «indefensión» que supone que el proceso haya estado parado durante siete años, desde que se presentó la primera denuncia anónima en 2018. Equipo Económico es el bufete que investiga desde hace siete años el juez Rubén Rus, de Tarragona.

La investigación se centra en la etapa de Montoro como ministro de Hacienda de Mariano Rajoy (2011-2018), aunque también examina conexiones anteriores. Ricardo Martínez Rico fue durante muchos años uno de los hombres de confianza del exministro Cristóbal Montoro, que lo nombró secretario de Estado de Presupuestos durante el último periodo de la segunda legislatura de José María Aznar.

Con el recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Tarragona, Equipo Económico busca paralizar o al menos cuestionar las bases de una investigación que ha sacudido los cimientos del Ministerio de Hacienda y ha puesto en el foco mediático las prácticas de lobbying en las altas esferas del poder y en este caso el Partido Popular que ya se ha visto salpicado anteriormente por el caso de la caja B.

Fuente:es.euronews.com