Declaración patrimonial presenta 51% de avance: Contraloría

El estado de Hidalgo tiene un total de 120 mil servidores públicos, los cuales, por ley, están obligados a presentar la Declaración Patrimonial y de Intereses, durante el mes de mayo.

Al corte de las 16:00 horas del día 12 de mayo de 2023, de los 84 mil 186 servidores públicos del Poder Ejecutivo, 42 mil 526 ya cumplieron con dicha obligación, lo que representa 51% de avance.

Dentro de las dependencias que han realizado la declaración en su totalidad, se encuentran la Secretaría de Contraloría, el Instituto de la Juventud, Pueblos Indígenas, Sistema Estatal Anticorrupción, Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal, Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos, Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado, Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital, así como la Agencia de Desarrollo Valle de Plata.

Con importantes porcentajes de avance destacan el Centro de Justicia para Mujeres con 98%; la Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial, y el Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, con 97%.

Asimismo, la Comisión Estatal de Vivienda con 96%; la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, así como el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo, con 94%.

Cabe resaltar que las dependencias con mayor número de servidores públicos obligados a presentar declaraciones son la Secretaría de Educación Pública que tiene 38% de avance, es decir, han cumplido 16 mil 341 trabajadores de un total de 43 mil 538, y la Secretaría de Salud con un avance del 40%, lo que representa que 6 mil 274 servidores públicos han presentado su declaración, respecto del total de 12 mil 280.

A partir del próximo lunes se recorrerán y verificarán los módulos de atención que han sido instalados en los 12 Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública, con el objetivo de conocer el panorama de las personas que aún no cumplen con su declaración e implementar una estrategia oportuna que permita alcanzar la meta establecida del 98%, antes del 31 de mayo.

Todo esto se realiza para evitar que el próximo mes de junio, haya sanciones consideradas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como destituciones o incluso inhabilitaciones.