En la cárcel, los agentes que participaron en la investigación del crimen del hijo de Gerardo Sosa

16 de Noviembre (Proceso).- Tres agentes que participaron en la integración de posibles pruebas relacionadas con el homicidio de Gerardo Sosa Cravioto –hijo de Gerardo Sosa Castelán, expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)– fueron recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, por su presunta participación en el secuestro de un personaje ligado a la clase política local.

Los informes entregados por esos agentes e incluidos en la carpeta de la causa penal NUC 18-1019-0658 tienen en prisión, en el mismo Cereso, a Fernando R. M., quien, de acuerdo con la imputación de la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJEH), es el responsable del crimen perpetrado el 23 de febrero de 2019 en el crucero de Santa Ana Tzacuala, en el municipio de Acaxochitlán, de donde son originarios los Sosa.

El comandante del grupo, identificado como ‘El Patachín’ o ‘Ferrer’, y dos elementos a su mando, Andrick M. y Pablo M., fueron vinculados a proceso el 11 de febrero pasado. Doce días después, el 23, justo cuando se cumplía un año del homicidio y se llevaba a cabo la ceremonia por el aniversario luctuoso, Fernando R. M. fue detenido en la casa de su suegra, en la colonia PRI Chacón de Pachuca.

De acuerdo con el acta de hechos presentada el 27 de marzo de 2019 a Mayra Daniela Cruz Cruz –agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la Unidad de Investigación sin detenido, de delitos contra la vida y la salud personal uno–, los tres presuntos secuestradores elaboraron un informe que adquirió valor probatorio de la supuesta culpabilidad de Fernando R. M., e incluye formas de revisión e inspección del lugar del crimen.

Además, entregaron actas de las entrevistas realizadas, uno de los principales elementos en la imputación de la PGJEH, ya que contienen testimonios con los que se armó el retrato hablado del agresor, que según el MP tiene una coincidencia en 85% con Fernando.

Con base en la información de la carpeta, Pablo M. presentó el retrato a tres trabajadores del racho Yemila, ubicado en Acaxochitlán, a nombre de Adriana Cravioto Torres, madre de la víctima. El lugar era administrado por Fernando, Sosa Cravioto y su padre, también exrector de la UAEH. Dos de esos empleados afirmaron que la imagen se parecía a quien ahora está recluido.

En comunicaciones desde prisión, Fernando ha argumentado que las personas a quienes entrevistaron los agentes para identificar los rasgos físicos del homicida lo conocen a él y no lo señalaron directamente.

El grupo de agentes a cargo de ‘El Patachín’ o ‘Ferrer’ también hizo la inspección de la cabaña en la que se quedaba Fernando en Acaxochitlán –llamada “Richi”–, para que no tuviera que regresar cada día a Pachuca. “A ojo del dueño, el caballo engorda”, mencionó Fernando que le decía Sosa, una de las frases recurrentes en el político hidalguense.

En la cabaña supuestamente encontraron balas de arma calibre .22, que Fernando reconoció era suya, pero el arma con la que fue asesinado Gerardo Sosa hijo, dijo, era calibre .45. Y aclaró que la .22 se la proporcionó su expatrón, quien temía posibles ataques previo a las elecciones presidenciales de 2018, motivo por el que también reforzó su escolta personal.

Fernando, quien siempre se refiere a Sosa Castelán como “el licenciado”, sostuvo que antes de que éste dejara el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el que militó desde 1979, cuando egresó de la licenciatura en Derecho, sospechaba de algún atentado o daño a su patrimonio.

“El licenciado empezó a ser más precavido, no quiero decir que se puso paranoico, pero, como estaban muy cerca las elecciones para presidente de la República en las que ganó (Andrés Manuel) López Obrador, deja el PRI y se va a Morena, y con él toda la universidad.

“Entonces, empiezo a ver yo detalles en el rancho, como que nos empieza a seguir la policía municipal, la policía estatal también nos empieza a seguir. Empiezo a ver que los policías pasan por el rancho y nos graban, y por indicaciones del licenciado Gerardo se cierra Yemila hasta que pasen las elecciones. Yo mismo le di a los campesinos tareas en las parcelas que están lejos del hotel y la fábrica de jugos que tiene el rancho”, relató.

Fernando vivía en aquella cabaña en medio del monte, contigua a una calle sin alumbrado, por lo que en una reunión pidió al “licenciado” que le diera mayor seguridad y éste le respondió: “cómprate un juguete”, y le envió el dinero para adquirir el arma calibre .22.

Cuando ingresó al penal, el pasado 23 de febrero, Fernando fue remitido al área “especial”, de protegidos. Proceso confirmó que en una de esas celdas también están los tres agentes, quienes dicen ser meseros.

Con base en los informes que reconstruyen el asesinato, Gerardo Sosa Cravioto fue atacado cerca del mediodía en uno de los accesos al rancho Yemila, cuando se trasladaba en su camioneta Ford gris.

Tras recibir los disparos –cuatro balas entraron a su cuerpo– manejó algunos metros más, sonando el claxon para pedir ayuda. Tres personas lo auxiliaron: un matrimonio, un contador que también laboraba en Yemila y administraba otros negocios de la familia, y una cuarta persona que llegó en un Chevy rojo. Cuando fue trasladado a la clínica, según el MP, tenía una lucidez mental “severamente afectada”.

Fernando basa su defensa en dos razonamientos: antes de morir, Gerardo hijo habló con su padre –hecho confirmado por el gobernador Omar Fayad tras hacer una primera declaración pública– y en ningún momento lo acusó de haberle disparado. Secunda su dicho con la carpeta de investigación que, asegura, no contiene un testimonio de este tipo por parte del exdiputado federal priista.

Su otro argumento es que las personas que describieron al supuesto agresor, testimonios con los que la Procuraduría elaboró un retrato hablado, lo conocen y no lo mencionan como el responsable.

Fernando reconocía un distanciamiento con los Sosa desde inicios de 2019. La tesis de la Procuraduría es que, como venganza por haber sido despedido, mató a su antiguo patrón.

La audiencia intermedia del acusado estaba programada para el pasado martes 10, pero fue diferida para el lunes 23, debido a que la jueza del caso, Janette Montiel Mendoza, permitió al perito de la familia que inspeccione el arma con la que supuestamente se cometió el asesinato, lo cual había rechazado la Procuraduría estatal, de acuerdo con la defensa del imputado.

La pistola calibre .45 fue hallada en la casa donde Fernando R.M. fue detenido; él y los familiares que presenciaron la aprehensión acusaron que fue sembrada. La Procuraduría asegura que esta es una de las pruebas de los hechos de los que dice tener certeza para la imputación.