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España aprueba un decreto clave para proteger a los inquilinos
El Gobierno de Pedro Sánchez consiguió este jueves un respaldo parlamentario decisivo para mantener en vigor parte de su paquete de medidas destinadas a afrontar la crisis habitacional en España. La Diputación Permanente del Congreso aprobó uno de los dos decretos impulsados por el Ejecutivo, aunque rechazó el segundo por falta de apoyos.
La primera iniciativa salió adelante por un estrecho margen: 35 votos favorables frente a 34 en contra. El resultado fue posible gracias al apoyo del PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu y Podemos, mientras que PP, Vox y Junts votaron en contra.
La decisión supone un avance para el Ejecutivo en un momento de fuerte tensión política, a pocos días del comienzo oficial de la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Protección ante los desahucios y límites al alquiler
El decreto aprobado, conocido como ‘decreto Maricarmen’, incorpora medidas dirigidas a proteger a los hogares en situación de vulnerabilidad y facilitar el acceso a una vivienda a precios asequibles.
Entre sus principales disposiciones destaca la ampliación hasta 2030 de la suspensión de determinados desahucios cuando las personas afectadas no dispongan de una alternativa habitacional.
La normativa también establece un límite del 2% para determinadas actualizaciones de los contratos de alquiler. A estas medidas se suman incentivos fiscales para propietarios e inquilinos y restricciones a algunas operaciones consideradas especulativas.
Otro de los ejes del paquete es el impulso a la vivienda social. Para ello, el decreto contempla un mecanismo de financiación de hasta 2.000 millones de euros destinado a favorecer la construcción de inmuebles protegidos y de alquiler asequible.
Asimismo, incorpora préstamos sin intereses ni comisiones de hasta 50.000 euros para quienes busquen adquirir su primera vivienda. El coste anual estimado del conjunto de medidas asciende a 1.300 millones de euros para las arcas públicas.
El PNV inclina la balanza
El respaldo del Partido Nacionalista Vasco resultó determinante para que la primera iniciativa superara la votación. La composición de la Diputación Permanente, integrada por 69 representantes, permitió al Gobierno conseguir la mayoría necesaria sin depender del apoyo de Junts.
En el debate parlamentario, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, defendió la necesidad de intervenir ante las dificultades que afrontan numerosos ciudadanos para acceder a una vivienda.
Desde el Partido Popular, Sergio Sayas cuestionó la propuesta y acusó al Ejecutivo de utilizar el decreto con fines políticos. Junts también criticó la iniciativa y la calificó de estrategia electoral.
Vox, por su parte, responsabilizó a las políticas migratorias del Gobierno de parte de los problemas de acceso a la vivienda. El PSOE rechazó estos argumentos y defendió que la falta de regulación puede favorecer la especulación inmobiliaria.
Rechazan la renovación automática de los alquileres
La suerte del segundo decreto fue diferente. La propuesta, que pretendía reforzar la continuidad de los contratos de arrendamiento, no consiguió los votos necesarios para su convalidación.
El texto contemplaba la renovación sucesiva de los alquileres por periodos de cinco años, con posibilidad de ampliarlos a siete cuando el propietario fuera una empresa o persona jurídica.
También establecía compensaciones para los inquilinos en determinados supuestos de finalización del contrato, con el propósito de evitar que la expiración del arrendamiento se tradujera automáticamente en la pérdida de la vivienda.
La iniciativa obtuvo 34 votos favorables, uno menos que el primer decreto. La negativa del PNV fue decisiva para impedir su aprobación.
La portavoz de la formación vasca, Maribel Vaquero, argumentó que la propuesta podía reducir la oferta de viviendas disponibles en el mercado. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, había defendido previamente que el proyecto buscaba ofrecer mayor estabilidad tanto a los arrendatarios como a los pequeños propietarios.
Con este resultado, el Ejecutivo consigue mantener una parte de su estrategia para afrontar el problema habitacional, pero se queda sin respaldo parlamentario para introducir nuevas garantías de renovación automática de los contratos de alquiler.
La votación vuelve a evidenciar las dificultades para construir acuerdos políticos en torno a una de las principales preocupaciones sociales en España: el acceso a una vivienda digna.
