España prohíbe el registro directo de menores nacidos por gestación subrogada en el extranjero

La nueva normativa significa que los bebés nacidos por vientres de alquiler en el extranjero no podrán ser inscritos en los consulados españoles.

El Ministerio de Justicia español ha emitido una nueva instrucción que impedirá registrar directamente en el Registro Civil español a menores nacidos fuera del país mediante gestación subrogada, una práctica prohibida en España desde el año 2006. La medida, que se publicará el jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga a quienes recurran a este procedimiento a acreditar el vínculo biológico o iniciar un proceso de adopción.

Con esta instrucción, el Gobierno adapta la normativa nacional a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en 2024 anuló un contrato de gestación subrogada validado judicialmente en Estados Unidos, argumentando que este tipo de acuerdos vulneran la dignidad humana y no pueden reconocerse en España por ser contrarios al orden público.

La decisión pone fin a la actual normativa que permite inscribir a los menores mediante resoluciones extranjeras, incluso en países donde la gestación subrogada es legal. Solo en 2023, se registraron 154 casos en España a través de este mecanismo, así lo recogen cifras oficiales.

Según medios locales, esta modificación busca impedir que ciudadanos españoles eludan la legislación nacional recurriendo a vientres de alquiler fuera del país. La iniciativa responde a una reivindicación constante de organizaciones feministas y defensores de los derechos de la infancia, que denuncian la mercantilización del cuerpo femenino y la instrumentalización de los bebés.

La medida se alinea con la postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El Tribunal Supremo ya se había pronunciado en diciembre pasado con contundencia al afirmar que la gestación subrogada convierte a las mujeres y a los niños en meros objetos de intercambio comercial, atentando contra su integridad moral. En esa misma línea, el alto tribunal defendió que el interés del menor no puede basarse en contratos firmados por los denominados «padres de intención», ni en la legalidad de estos acuerdos en otros países.

En otros países europeos, como Italia, la gestación subrogada supone un delito universal y puede dar lugar a penas de cárcel o multas. El país amplió el año pasado la persecución del delito a los ciudadanos italianos que recurran a la gestación subrogada en el extranjero. En muchos otros países, sin embargo, la práctica sigue siendo legal.

La nueva directriz española también se alinea con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que permite a los Estados miembros limitar o dificultar este tipo de prácticas si así lo recoge su legislación interna. Además, desde que entró en vigor la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2023, la legislación española califica la gestación subrogada como una forma de violencia reproductiva, reforzando aún más el rechazo institucional hacia esta práctica.

Fuente:es.euronews.com