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Joe Biden ampliará la cobertura médica para los “dreamers”

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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves que cientos de miles de migrantes que fueron llevados al país norteamericano sin autorización legal cuando eran menores ahora podrán contar con las prestaciones de Medicaid y la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Esta medida permitirá que los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), aprobada por el entonces presidente Barack Obama en 2012, tengan acceso a los seguros médicos financiados por el gobierno.

“Son estadounidenses en todos los sentidos, excepto en el papel”, dijo Biden en un video publicado en su página de Twitter. “Necesitamos darles a los ‘dreamers‘ las oportunidades y el apoyo que merecen”.

Es probable que la iniciativa genere un rechazo considerable de parte de los mandatarios conservadores de los estados que se han mostrado reacios a ampliar Medicaid y que critican la respuesta del gobierno de Biden al ingreso irregular de inmigrantes a Estados Unidos.

Si bien el gobierno federal brinda fondos y pautas para Medicaid, el programa es administrado por los estados.

¿A quién protege el programa DACA?

El programa DACA estaba pensado para proteger de la deportación a los migrantes sin permiso de residencia a los que sus padres llevaron a Estados Unidos cuando eran niños y permitirles trabajar de forma legal en el país.

Sin embargo, no podían acceder a los programas de seguro médico subvencionados por el gobierno porque no cumplían el requisito de tener una “presencia legal” en el país  es lo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Biden intentará cambiar a final de mes.

La decisión de la Casa Blanca se produce en un momento en que DACA enfrenta cuestionamientos legales y el número de beneficiarios se reduce.

Se estima que 580 mil personas seguían enroladas en el programa a finales del año pasado, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés), una cifra inferior a la de años anteriores.

Órdenes judiciales actuales impiden que el Departamento de Seguridad Nacional procese nuevas solicitudes. El programa lleva años inmerso en desafíos legales, mientras que el Congreso no ha podido alcanzar un consenso para aprobar reformas migratorias más amplias.

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