SCJN validó que continúe el juicio político contra Samuel García, gobernador de Nuevo León

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó que el Congreso de Nuevo León continúe con el juicio político abierto en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda, tal como lo solicitó la Comisión Anticorrupción en enero del año pasado.

Por unanimidad de votos, aunque con la ausencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, fue validado el proceso legislativo contra el mandatario local por presuntas irregularidades en su administración.

Sin embargo, también se resolvió la controversia que presentó Samuel García tras la decisión de la comisión del Congreso en su contra.

Los ministros de la SCJN tomaron la decisión de declarar inconstitucional la normativa del párrafo segundo del artículo 203 de la Ley de Juicio Político que determina que la persona acusada se tiene que retirar del cargo, por lo que Samuel García seguirá al frente de la entidad del norte del país durante este proceso.

Aunado a lo anterior, en el pleno del máximo tribunal del país se detalló que los integrantes del Poder Legislativo de Nuevo León, no cuentan con las facultades para determinar la separación del cargo de un gobernador, por lo que recordaron que es una facultad del Tribunal Superior de Justicia debido a que se necesita una sentencia.

Es importante declarar que, entonces, sólo si el Congreso local considera que García Sepúlveda incurrió en faltas graves, el emecista deberá dejar la gubernatura de la entidad, si no, podrá seguir en el cargo; sin embargo, la decisión final será del Tribunal Superior de Justicia del estado. Además, durante el proceso deberá seguir con las funciones que marca la Constitución de Nuevo León para su encomienda.

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio del proceso de juicio político contra el gobernador Samuel García a inicios de 2023; no obstante, el proceso se detuvo cuando el militante del Movimiento Ciudadano promovió un juicio contencioso administrativo que fue admitido a trámite. La Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa concedió una suspensión, impidiendo que avanzara el proceso en el legislativo local.