Sheinbaum señala presunta red de colusión en contratos electorales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó sobre una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que identifica presuntos vínculos entre empresas de los hermanos Hernández Casillas y una red de proveedores de material electoral que opera desde hace 27 años y que, de acuerdo con los hallazgos, habría fortalecido su presencia durante la gestión de Lorenzo Córdova al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo, la mandataria señaló que la investigación identificó posibles relaciones.

Entre empresarios, exfuncionarios electorales y el partido político SOMOS, por lo que consideró indispensable esclarecer las contrataciones de material electoral y transparentar el uso de los recursos públicos.

Sheinbaum puntualizó que las posibles irregularidades deben ser investigadas por las instancias correspondientes.

Entre ellas la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Y subrayó que el origen de estas prácticas no corresponde exclusivamente a la actual administración del INE, sino que tiene antecedentes de varias décadas.

Como parte de las acciones para fortalecer la producción nacional de material electoral.

Anunció que la próxima semana se presentará un decreto para ampliar la participación de dependencias federales e instituciones académicas en el Consejo de Administración de Talleres Gráficos de México.

Asimismo, la ASF participaría como observadora, con el propósito de que esta empresa del Estado fabrique material electoral y otros insumos sean adquiridos a proveedores mexicanos.

Por su parte, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que la investigación.

Permitió reconstruir los antecedentes empresariales y laborales de los hermanos Hernández Casillas desde la década de los ochenta.

Detalló que entre 1983 y 1988 ambos tuvieron vínculos laborales con el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO).

Dependiente de la Secretaría de Gobernación. Posteriormente, en 1988 se constituyó Cartonera Plástica.

Y en 1992, Formas Finas Fernando Fernández, empresas relacionadas con los hermanos.

La funcionaria indicó que Cartonera Plástica comenzó a participar como proveedora de material electoral en el Estado de México en 1999.

Y que, en 2005, obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos del Instituto Electoral de esa entidad.

Ese mismo año se registraron denuncias por presuntas irregularidades y sobornos, que derivaron en la renuncia de siete consejeros electorales.

Agregó que entre 2012 y 2013 las empresas relacionadas con los hermanos diversificaron sus operaciones.

Y contratos con organismos electorales locales de entidades como Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.

Con la reforma electoral de 2014, que trasladó al Consejo General del INE la designación de las consejerías de los organismos públicos locales electorales (OPLE).

Se abrió una nueva etapa en la contratación de proveedores. De acuerdo con los datos presentados por Buenrostro Sánchez.

Entre 2015 y 2023, 23 de los 32 OPLE asignaron contratos por un monto conjunto de 2 mil 94 millones de pesos a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas.

Asimismo, señaló que entre 2024 y 2025, periodo en el que Guadalupe Taddei ya se desempeñaba.

Como consejera presidenta del INE, la misma red empresarial obtuvo contratos por 646.3 millones de pesos con 15 organismos electorales locales.

Buenrostro Sánchez también expuso presuntas coincidencias entre antiguos funcionarios electorales y personajes relacionados con el partido SOMOS.

Entre ellos Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo Molina, además de Juan Carlos Padilla Aguilar, quien tuvo cargos en el Estado de México y antecedentes laborales en el CISEN.

Finalmente, explicó que, debido a la autonomía constitucional del INE, corresponde a sus órganos de control.

Y a las instancias fiscalizadoras competentes determinar si existieron irregularidades y establecer las responsabilidades administrativas o penales correspondientes.

En ese sentido, la ASF deberá realizar las revisiones pertinentes y, de ser necesario, presentar las denuncias ante la FGR o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, añadió, analiza mecanismos para prevenir que este tipo de esquemas de contratación se reproduzcan en la Administración Pública Federal.