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Víctima reitera en señalar a diputado del PAN como presunto violador, quien sigue en libertad.

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Este martes 7 de diciembre, Jorge Alberto Romero Vázquez, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), fue vuelto a ser señalado como presunto violador por María José Velázquez Navarro, quien refirió ser la segunda víctima del también egresado de la Universidad Iberoamericana.

Durante una conferencia de prensa, convocada por militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, la víctima de dicha agresión reiteró su señalamiento contra Romero Vázquez y acusó a Julio César Álvarez Torres, chofer del legislador, de ser su cómplice.

“Yo fui víctima de una agresión sexual por parte de Jorge Romero Vázquez en presencia de su chofer Julio César Álvarez Torres el 7 de noviembre de 2017″

En virtud de que el caso que llevó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato no se ha resuelto, María José responsabilizó al legislador, a su empleado y al titular de la fiscalía sobre cualquier situación que le pudiera acontecer, ya que sospecha de un favoritismo al panista, mismo que le impide llegar a tener acceso a la justicia.

“Quiero hacer responsable a Jorge Romero de cualquier situación que me acontezca y también a la fiscalía porque no está resolviendo mi caso”
Martha Lucía Micher, senadora representante de Guanajuato por Morena también participó en la rueda de prensa, misma en la que, además de manifestar su apoyo incondicional a la víctima, condenó la actuación Carlos Zamarripa Aguirre, titular de la fiscalía de Guanajuato, pues durante el proceso contra Jorge Romero, reclasificó la causa penal, motivo por el cual el presunto agresor sexual se encuentra en libertad.

“No fue abuso sexual, fue violación”, dijo desde la tarima instalada en el edificio legislativo. Asimismo, reiteró que el abanderado del PAN no está en licencia, pues nunca rindió protesta, por lo que el proceso debería de continuar de manera pronta y expedita.

“¿Dónde está la fiscalía de Guanajuato?”, cuestionó ante las y los reporteros que atendieron el llamado. Por lo que el grupo parlamentario de Morena promovió un punto de acuerdo para que el fiscal sea llamado a comparecer ante el pleno del Senado, esto en virtud de que explique a detalle qué ocurrió con el caso.

La presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género en la Cámara de Senadores dijo que se le cuestionará por qué reclasificó la denuncia de “violación” a “abuso sexual”. Asimismo, exhortó a la FGE a que actúe con apego al protocolo de atención especializado en perspectiva de género.

Aunado a esto, la bancada de Morena exigió la renuncia del fiscal, pues recordaron que ya son varios los señalamientos contra su competencia, no sólo en casos de presunta violación, sino en casos de investigación relacionados al robo de combustible de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De tal modo que se refirieron a Zamarripa como el fiscal “carnal” de Guanajuato, pues supuestamente está protegido por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Asimismo, los legisladores del partido guinda exhortaron a las “fakeministas” del PAN para que apoyen a María José y Regina, la primera víctima, y recordaron que las mujeres que legislan en el albiazul suelen utilizar consignas feministas para defenderse entre sí, pero no para defender a otras víctimas.

“Son muy ‘feministas’ para reclamar los derechos de algunas panistas, pero no cuando son víctimas reales”

Finalmente, Irma Leticia González, diputada local de Guanajuato por Morena, delató un intento del PAN en el estado por invisibilizar el caso de la violación contra María José y aseguró que “allá en Guanajuato se respalda a los agresores”.

Pues además del PAN, las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC) se adelantaron a Morena en el congreso local y en vez de señalar la supuesta impunidad contra Romero Vázquez, sólo pidieron al fiscal Zamarripa que hiciera bien su trabajo.

Por lo que reiteraron que la FGE debe de actuar con autonomía, que no se proteja al presunto agresor y que se conduzca bajo el manual institucional de perspectiva de género.

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