El texto fue aprobado el jueves en Estrasburgo, por 234 votos a favor, 175 votos en contra y 122 abstenciones. El informe incluye una propuesta para despenalizar a los vendedores y criminalizar a los clientes y proxenetas. “La prostitución no es un tipo de trabajo sexual. La prostitución es un tipo de violencia contra las mujeres. (…) Tenemos que reducir la demanda, lo que significa dejar claro que no está permitido comprar el cuerpo de una mujer. (…) Creo que está claro: la primera vez debería haber multas, y la segunda (debería ser) prisión”, ha asegurado la eurodiputada encargada del informe, la socialdemócrata, Maria Noichl.
La propuesta argumenta que ayudará a abordar las implicaciones transfronterizas de la prostitución, incluida la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Extrabajadoras del sexo han explicado a Euronews qué cambios esperan de la nueva legislación. “Lo que está en juego es la dignidad de la propia Europa, que debe atenerse a un modelo de progreso. Lo más importante es tener un modelo de igualdad, respeto y buen trato entre mujeres y hombres. Esa es, de hecho, nuestra aspiración”, ha explicado la exprostituta Amelia Tiganus.
Algo parecido ha apuntado también la extrabajadora sexual, Marie Marklinger. “Ninguna mujer quiere vender su cuerpo y sus servicios a los hombres, sólo porque le gusta. Así que tenemos que acabar con la demanda, ayudar a las mujeres, despenalizar a las mujeres. Porque ahora mismo, la ilegalización en Alemania, hace que la única que tema el castigo del Estado, o las multas, sea la mujer”, ha asegurado.
Pero la Coalición Europea por los Derechos y la Inclusión de las Trabajadoras del Sexo ha afirmado que el informe es “tendencioso”. Sostiene que “ignora el conjunto de pruebas sobre el impacto negativo de criminalizar a la clientela de trabajadoras del sexo”, lo que conduce a una mayor clandestinidad y violencia.
La eurodiputada verde Terry Reintke ha argumentado que no todo el trabajo sexual es victimizante. “Lo que queremos es que se tomen medidas legislativas como, por ejemplo, una revisión de la directiva sobre los derechos de las víctimas para que podamos proteger mejor a las personas afectadas por la explotación sexual, sin generalizar que todas las formas de trabajo sexual son violencia de género”, ha defendido.
Varias agencias de la ONU, como la OMS, y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, también se oponen a penalizar la compra de sexo.
El mes pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió a trámite una demanda presentada por profesionales del sexo contra una ley francesa aprobada con ese fin en 2016.