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Colombia sanciona a cinco exmilitares por el asesinato de 35 civiles

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso casi 30 años de sanciones restaurativas, en conjunto, a cinco antiguos integrantes del Ejército colombiano por su participación en asesinatos y desapariciones forzadas de civiles que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.

La justicia transicional de Colombia dictó una nueva sentencia contra cinco exintegrantes de las Fuerzas Armadas por uno de los episodios más graves del conflicto armado: los llamados «falsos positivos». Los antiguos militares fueron declarados responsables de 18 hechos criminales que dejaron 35 víctimas en el departamento de Antioquia.

La decisión fue emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal creado a partir del acuerdo de paz de 2016 con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las sanciones impuestas suman cerca de 30 años de trabajos restaurativos y contemplan restricciones efectivas de derechos y libertades bajo supervisión judicial.

Los condenados son los oficiales Edie Pinzón Turcios, Hermes Mauricio Alvarado Sáchica y Efraín Enrique Prada Correa, así como los suboficiales Jaime Coral Trujillo y William Andrés Capera Vargas. Todos ocuparon diferentes posiciones de mando en unidades militares que operaron en el noroccidente de Antioquia.

Las sanciones individuales van de cinco años, seis meses y diez días a seis años y seis meses, periodo durante el cual deberán participar en proyectos destinados a reparar a las comunidades afectadas y contribuir a la reconstrucción de la memoria histórica.

Crímenes contra civiles ocultos como bajas en combate

La investigación judicial se centró en los asesinatos y desapariciones forzadas cometidos entre 1997 y 2007 en Dabeiba y otras localidades del noroccidente antioqueño.

Según las conclusiones de la JEP, los cinco antiguos militares tuvieron distintos niveles de responsabilidad en los crímenes, que incluyeron desaparición forzada, asesinato y homicidio en persona protegida. Las conductas fueron calificadas como crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El caso está relacionado con el cementerio Las Mercedes, en Dabeiba, donde fueron ocultados cuerpos de víctimas para encubrir las ejecuciones y presentarlas como resultados de operaciones militares contra grupos guerrilleros.

Los aportes de verdad de los comparecientes y las investigaciones judiciales y forenses permitieron recuperar 77 cuerpos en ese cementerio. De ellos, 18 han sido identificados y 17 entregados a sus familiares.

¿Qué son los falsos positivos en Colombia?

La expresión «falsos positivos» identifica las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad, cuyos cuerpos eran presentados posteriormente como bajas de combatientes insurgentes.

Esta práctica permitió fabricar resultados operacionales y mostrar supuestos éxitos militares en la lucha contra las guerrillas. En numerosos casos, las víctimas fueron engañadas, trasladadas a lugares distintos de sus comunidades y asesinadas para después ser señaladas falsamente como integrantes de grupos armados.

La JEP ha documentado la dimensión de estos crímenes y estima que al menos 6.402 personas fueron víctimas de esta práctica entre 2002 y 2008, durante uno de los periodos de mayor intensidad de las ejecuciones extrajudiciales.

Las sanciones incluyen obras de reparación y búsqueda de desaparecidos

En lugar de penas ordinarias de prisión, los cinco exmilitares deberán cumplir sanciones propias del sistema de justicia transicional, diseñadas para quienes reconocieron su responsabilidad y contribuyeron al esclarecimiento de los hechos.

Las medidas contemplan nueve proyectos restaurativos en distintos municipios de Antioquia. Entre las actividades previstas se encuentran la búsqueda de personas desaparecidas, el desminado humanitario, la recuperación de infraestructura rural, la reconstrucción de caminos y puentes y el impulso de iniciativas productivas.

También deberán participar en acciones de memoria histórica y dignificación de las víctimas, con intervenciones en espacios afectados por la violencia.

Antes de la sentencia, los condenados ya habían intervenido en actividades reparadoras relacionadas con educación sobre minas antipersona, recuperación ambiental, mejoramiento de escuelas y vías, formación en igualdad de género y elaboración de murales conmemorativos.

La ejecución de los proyectos estará sometida a mecanismos de vigilancia y verificación para garantizar que las obligaciones impuestas por el tribunal se cumplan.

La JEP busca esclarecer el destino de las víctimas

Durante la presentación de la sentencia, representantes del tribunal destacaron que el reconocimiento de los crímenes y la contribución a la verdad son elementos fundamentales para reparar a las familias que durante años buscaron a sus seres queridos.

La vicepresidenta de la JEP, la magistrada Diana Vega Laguna, señaló que las medidas restaurativas buscan no solo dignificar a las víctimas, sino también transformar los territorios afectados por el conflicto armado.

El caso de Dabeiba constituye uno de los expedientes más representativos de los falsos positivos en Colombia. La recuperación de cuerpos en el cementerio Las Mercedes permitió avanzar en la identificación de personas desaparecidas y ofrecer respuestas a familiares que durante años desconocieron lo ocurrido.

Con esta decisión, la justicia transicional abre una nueva etapa de cumplimiento de sanciones y reparación, en la que los antiguos integrantes del Ejército deberán responder ante las comunidades por los crímenes reconocidos durante el proceso judicial.

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